Macià pide un informe jurídico sobre el proyecto de los Arenales

El alcalde de Elche, Diego Macià, del PSPV, ha solicitado al secretario del Ayuntamiento la elaboración de un informe jurídico acerca de la tramitación del expediente urbanístico sobre la actuación de la zona AR-1, en la pedanía de Arenales del Sol. La petición, aprobada ayer por la Comisión de Gobierno, pretende "dar claridad sobre la polémica en el departamento de Urbanismo, asunto que preocupa a los ciudadanos" y que "ha sido utilizado por los grupos de la oposición para acusar de irregularidades sin disponer de pruebas", señaló Macià.

El informe tiene por objeto determinar las responsabilidades en la actuación de la edil socialista Francisca Sabater, cuya familia reclama cerca de 58.000 metros cuadrados en la zona de Arenales del Sol. Macià reconoció, en anteriores comparecencias ante la prensa, que lo más oportuno hubiera sido que Sabater no votara ninguna resolución sobre el plan AR-1. Sin embargo, defendió a su edil porque desconocía que podía tener participación en estos terrenos.

Por otra parte, Macià creará una Gerencia de Urbanismo para "dar mayor calidad, rapidez y profesionalidad" a la gestión de este departamento. El alcalde defendió la gestión de los funcionarios de este negociado y achacó los errores en algunos expedientes al volumen de trabajo y a la falta de medios. No obstante, la Comisión de Gobierno aprobó la nulidad del expediente como pidió la Dirección General de Costas.

Asimismo, el primer edil anunció el resultado del informe del secretario municipal sobre la denuncia de un promotor contra dos funcionarias de urbanismo. Este promotor fue objetivo de una agresión en la disputa de la reparcelación del sector E-5 e informó al alcalde de estos hechos. Macià afirmó que el secretario municipal descarta "existencia de responsabilidades de los funcionarios imputados" y determinó la conveniencia del "archivo y cierre" del caso. No obstante, el secretario expresa en su informe que "sería conveniente investigar la actuación de un tercer funcionario (cesado y expedientado por el consistorio) en relación a sus manifestaciones y acusaciones contra sus compañeras. El informe propone la participación en la actuación judicial en defensa del honor de las trabajadoras del Ayuntamiento.

El alcalde criticó las acusaciones de los portavoces del PP y de EU, que "magnifican muchas cosas que han puesto en entredicho la honorabilidad de personas sin prueba alguna".