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Una oportunidad perdida

Estamos a las puertas de que se pueda conocer la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2004. Unos Presupuestos que, según el capítulo VIII del Pacto Valenciano para el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), deberían ser objeto de consideración en el marco de su comisión de seguimiento.

Sin embargo, más allá de este compromiso institucional adquirido por el gobierno de la G.V. con la firma del acuerdo, estos presupuestos son importantes por varios motivos. De una parte, porque estrenamos Legislatura, Presidencia y Gobierno y el nuevo Presupuesto puede representar una oportunidad de afrontar las cuentas públicas con un planteamiento más social, transparente y realista. Si bien, a la vista de la orientación de las ya habituales modificaciones presupuestarias de agosto, y del balance de situación de las cuentas de la GV a 31 de diciembre de 2002, no encontremos muchas razones para el optimismo.

"¿O más bien ha servido para beneficiar a ciertos grupos empresariales?"
"¿La mayor deuda ha servido para desarrollar las infraestructuras sociales básicas?"

El próximo Presupuesto va a ser importante para evaluar la voluntad del nuevo Gobierno respecto del cumplimiento del Pavace en el momento de anualizar los compromisos hasta el 2006. Asimismo éste debería ser una señal de su solidez como interlocutor en el momento de su adaptación, prevista y reiteradamente demandada.

Y si hablamos de solidez es inevitable una referencia a la dinámica de endeudamiento de la GV. Según su balance de situación a 31 de Diciembre de 2002, publicado en el DOGV del pasado 11 de Agosto, este asciende a 7.969 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Para evaluarlo basta con señalar que en este mismo año la GV tuvo unos ingresos totales, según la cuenta económico-patrimonial de resultados, de 8.264 millones de euros, que la economía valenciana generaba un valor añadido estimado, según la contabilidad regional de España, de 61.304 millones de euros y que en este balance no se recoge el endeudamiento correspondiente a las empresas públicas valencianas.

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Más que el nivel de endeudamiento alcanzado, importa analizar su dinámica, la forma en que se ha generado a lo largo de estos años, porque si algo tiene que hacerse es reorientar la gestión y sus objetivos. ¿En qué se ha materializado esta mayor deuda?¿Ha servido para desarrollar las infraestructuras sociales básicas en las que somos más deficitarios (enseñanza, sanidad o servicios sociales)? ¿o más bien ha servido para beneficiar a ciertos grupos empresariales en los que reside la "iniciativa social"?, ¿o acaso se ha destinado a grandes proyectos que no representan una estrategia de desarrollo sostenible, aunque reporten indudables beneficios electorales?

Los datos que aparecen referidos al año 2002 no hacen sino corroborar una dinámica que CCOO viene denunciando año tras año y que consiste en un aumento no presupuestado de la deuda para cubrir la baja ejecución de algunos capítulos de ingreso. De esta forma se recortan de forma continua los gastos de inversión pública directa. Así aumentan las transferencias de fondos hacia el desarrollo de un modelo educativo basado en el concierto con centros privados, un modelo sanitario subdesarrollado en la atención primaria, sin control del gasto farmacéutico y con un peso cada vez mayor de la atención sanitaria privada, y una provisión de servicios sociales cada vez más mercantilizada. Todo ello unido a una contención del gasto en las políticas de empleo o medioambientales.

Se podrá argumentar que no se comparten los mismos objetivos, pero reconózcase al menos que no se cumplen los criterios de buena gestión pública si el gasto de inversión se ha trasladado hacia organismos y empresas públicas, así como una parte importante de las transferencias corrientes. Esta política ha conllevado el aumento del endeudamiento de los mismos, un mayor esfuerzo indirecto de la Generalitat. Sus presupuestos han sido continuamente superados y en algún caso se han convertido en un auténtico pozo sin fondo, que obliga a diferir la deuda o a aumentar dotaciones patrimoniales para evitar situaciones de quiebra técnica.

Por lo que respecta a lo administrado directamente por la Generalitat los resultados no son mejores. Desde el año 1996 hasta hoy, el ingreso previsto por endeudamiento ha sido de 1,1 millón de euros. Sin embargo, el ingreso real después de las modificaciones al alza necesarias para cuadrar el déficit, se nos ha situado en un total de 3,6 millones de euros. Y digo "nos" porque en cuentas, grandes o pequeñas, si no eres sujeto activo, acabas siendo sujeto "paciente", y nunca mejor dicho.

A pesar de la baja realización del ingreso, la Generalitat consigue en el año 2002 reducir su déficit de caja. ¿Cómo? Aumentando la deuda, difiriendo obligaciones de pago, recortando de las inversiones previstas. De este modo se paga sólo el 65% del presupuesto en gastos de funcionamiento (el valor más bajo de todo el período). Las transferencias corrientes se sitúan por tercer año consecutivo en el 87% de realización, lejos del 97% de otros ejercicios. Los pagos por inversiones suponen el 36% del presupuesto definitivo, el valor más bajo del período; al igual que en las transferencias de capital, donde los pagos sólo alcanzan el 47%.

Estamos en el mes de Septiembre y prácticamente estrenamos Gobierno. El presupuesto para el año 2004 estará prácticamente cerrado. ¿Va a continuar esta política temeraria para que algún día, junto con las vacas flacas nos lleguen las facturas del forraje que consumieron? ¿Por qué no reorientar los objetivos de modo que los ingresos sean reales, porque los servicios que soportan también lo son?

En este país, que tan mal ha aprovechado siempre los períodos transitorios, alguien deberá decir del 2006, que por tozudez de los números va después del 2004 (EU25) e inmediatamente antes del 2007 (EU27), no sólo se acaba el PAVACE, sino la consideración de región prioritaria Objetivo 1. Y eso tendrá consecuencias.

Joan Sifre Martínez es secretario general del sindicato CC OO PV.

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