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El Ayuntamiento de Barcelona denunciará al fiscal los casos de 'mobbing' inmobiliario

Los inquilinos presionados para abandonar su domicilio recibirán asesoramiento

Blanca Cia

Atender, asesorar jurídicamente y, si hace falta, denunciar ante la fiscalía será el cometido de un nuevo servicio del Ayuntamiento de Barcelona para tratar de frenar el aumento de casos de mobbing inmobiliario, la presión sobre algunos inquilinos para que dejen la vivienda que ejercen empresas y propietarios interesados en el inmueble. El problema no es nuevo, pero se ha acentuado con la reforma urbanística de algunas zonas, entre ellas Ciutat Vella.

Vecinos del Casc Antic denunciaron el pasado mes de julio varios casos de presiones y criticaron la falta de sensibilidad del consistorio para atajar este problema social. El nuevo servicio será aprobado en el plenario del viernes y estará en funcionamiento en el plazo de dos meses. La atención a los casos de mobbing inmobiliario se realizará a través de la Oficina Municipal de Información al Ciudadano (OMIC), aunque las personas afectadas podrán exponer sus denuncias en las oficinas de atención al ciudadano de cada distrito o a través de los servicios sociales.

"Se trata de que los afectados expliquen sus casos y, sobre todo, faciliten el máximo de información", explica un responsable municipal. El mobbing se realiza de muchas formas, pero todas tienen el mismo fin: conseguir la marcha del inquilino. Suelen ser personas que viven en edificios antiguos, en los que ya quedan pocos vecinos y que han sido adquiridos recientemente por promotoras. Hay muchas formas de presionar: desde poner todo tipo de trabas para el pago del alquiler -el paso siguiente es instar el desahucio por falta de pago- a manipulaciones en el inmueble, como cortar las tuberías del agua o hacer boquetes en los terrados.

"No es un problema exclusivo de Ciutat Vella, aunque éste es el distrito que lo sufre más, porque también existe en algunas zonas del Poblenou, en el Eixample e incluso en la zona alta de la ciudad", apunta Manel Andreu, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB). "Los que sufren el acoso suelen estar en situación económica delicada, puesto que quienes tienen recursos y apoyo de las familias se van antes. A veces las asociaciones de vecinos acaban interviniendo porque se enteran, pero es necesario que tome cartas en el asunto el Ayuntamiento porque se trata de un problema social. Si ahora ha decidido intervenir, nos alegramos", añade Andreu.

El presidente de la FAVB recuerda que el fenómeno del mobbing tuvo cierto auge en la época preolímpica, cuando se expropiaron terrenos para construir la Villa Olímpica: "Lo que ocurre es que ahora está más extendido y la táctica alterna el tanteo de negociación con la presión descarada".

En el Casc Antic el panorama no ha mejorado desde la denuncia hecha pública el pasado mes de julio, y las presiones de las empresas inmobiliarias en forma de sucesos poco explicables, como rotura de conducciones, no cesan. Responsables del consistorio señalan que una de las misiones del nuevo servicio será, precisamente, inspeccionar los inmuebles cuando alguien denuncie desperfectos supuestamente atribuibles a maniobras de las promotoras para forzar la marcha de los vecinos.

El servicio municipal facilitará asesoramiento jurídico a los vecinos que, por ejemplo, se vean inmersos en un proceso de desahucio. "También se les facilitará la relación con el Patronato Municipal de la Vivienda si finalmente el abandono del inmueble se produce y, en el caso extremo de que las presiones entren en el terreno de la amenaza o la coacción, se pondrá el hecho en conocimiento del fiscal, y el Ayuntamiento se personará en los procesos como acusación".

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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