Desalojo de profesores de la Universidad Popular de Valencia

Un centenar de formadores de la Universidad Popular de Valencia se encerraron ayer en el centro de Algirós, hasta que fueron desalojados por el Ayuntamiento, a última hora de la tarde. La medida de protesta obedece a que tanto su contratación, como el inicio de curso y el número de alumnos depende de una modificación de crédito, de la que "se desconocen términos y cuantía", según el Comité de Empresa.

Ayer mismo se acababan los contratos de los 117 formadores de la Universidad Popular de Valencia, como suele ser habitual, puesto que se les contrata por años. Pero, a diferencia del curso pasado, esta vez ignoran cuándo se les va a volver a contratar y a cuántos. "O todos o ninguno", resume tajante Mari Carmen García, presidenta del Comité de Empresa, la postura adoptada por la asamblea de profesores que también decidió encerrarse para reivindicar "unas condiciones laborales adecuadas al nivel del servicio que estamos prestando" y en sintonía con una batalla por la estabilidad que viene de largo. El profesorado fue desalojado ayer por la tarde del centro de la calle del Músico Ginés, uno de los 27 establecimientos de que dispone la Universidad Popular, que fue elegido para el encierro. Las protestas continuarán hoy y en días sucesivos con concentraciones a la puerta del Ayuntamiento.

"Hacen falta 650.000 euros para que la UP pueda funcionar hasta el 31 de diciembre", subrayaba la diputada socialista Ana Noguera, "pero el Ayuntamiento ni siquiera lo ha incluido en los presupuestos". Noguera considera que la Consejería "debe mediar" en este conflicto que afecta directamente a 10.000 alumnos, o más bien alumnas. De la contratación de un determinado número de profesores depende la capacidad de matrícula y las hipótesis barajadas por la Concejalía de Educación no son tranquilizadoras: El 3 de noviembre será el posible comienzo de curso, con preinscripción "por sorteo" y previa modificación de crédito cuya cuantía se desconoce.