Cajasur acusa a la Junta de tergiversar la información que remitió al fiscal Anticorrupción

El director general de Cajasur, Francisco Jesús Jurado, afirmó ayer que la Consejería de Economía ha tergiversado los datos en los que basó su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que archivó las diligencias. Jurado explicó que el informe de Anticorrupción únicamente expone diferencias de criterio entre la Junta y la entidad de ahorro cordobesa y en ningún momento quebranto del ordenamiento jurídico, ni penal ni administrativo. El jefe de los servicios jurídicos de la caja, Diego Jordano, apuntó un posible delito de prevaricación de la Consejería de Economía.

La dirección de Cajasur valoró ayer en rueda de prensa convocada de urgencia la veintena de folios en la que la Fiscalía Anticorrupción basa su archivo de las diligencias abiertas a instancias de la Consejería de Economía que advertía posibles delitos societarios, de apropiación indebida y falsedad documental. Conocido por Cajasur "oficialmente" el informe, que la Junta afirma que no ha recibido aún, el director general de la caja apreció tergiversación en cinco puntos de dicha denuncia, aunque sólo ofreció datos de dos de ellos.

El primero alude al supuesto cobro de ciertas cantidades de dinero por un consejero de la caja miembro de la Comisión de Control, algo que según Economía contraviene el artículo 50 de la Ley de Cajas andaluza. "La Consejería ocultó que ese consejero es empleado de la caja", dijo Jurado, quien explicó que su condición de trabajador de la caja le exime de tales acusaciones.

El otro apartado se refiere a las retribuciones del presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo. Según Cajasur, los inspectores enviados por la Junta admiten desconocer la retribución bruta de Castillejo al contar sólo con la remuneración corriente y no con los incentivos. Diego Jordano dijo que, "a sabiendas" de no conocer el dato completo, la denuncia de la Junta recoge que el presidente cobró 218.575 euros más que el director general. Jurado precisó que, al no conocer el dato de incentivos, la Fiscalía no se pronuncia acerca del posible incumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración y la Asamblea sobre los emolumentos de Castillejo.

Respecto a la póliza de 2,9 millones de euros suscrita a nombre de Castillejo, Jordano explicó que el informe de la Fiscalía rechaza la existencia de un "pacto encubierto o secreto", ya que "fue acordada por el Consejo de Administración y ratificada por la Asamblea". El jefe de los servicios jurídicos agregó, apoyado en dicho informe, que la póliza "difícilmente puede considerarse una indemnización cuando se prevé para el cese voluntario del presidente". Además, argumentó que la póliza alude a la retribución diferida de Castillejo y no a la corriente, por lo que es un concepto "diferente al de indemnización", el cual prohíbe la Ley de Cajas andaluza. Sobre el cobro de dietas por asistir a diversos actos denunciado por la Junta y archivado por la Fiscalía, Diego Jordano aludió a las verificaciones de la empresa auditora Deloitte & Touch. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sancionó con 540.000 euros a esta empresa después de que no mencionase salvedad alguna en las cuentas de 2000 de Gescartera, cuando ya se habían evaporado 108 millones de euros. Jordano explicó que la auditoría de esta empresa verifica la idoneidad de dichas dietas.

Jordano se refirió también a los gastos sin justificar. Según el jefe de los servicios jurídicos de Cajasur, la Junta imputó gastos por valor de 10.857 millones de euros, cuando "el gasto en un año es de 185 millones de euros". Jordano añadió que la auditoría de Deloitte & Touch no aprecia problemas en la "justificación y el procedimiento de utilización, pago y contabilización" de estos gastos, por lo que "no hay infracción de reproche penal", precisó en referencia al informe de Anticorrupción.

La dirección de Cajasur aseguró que la Fiscalía no encuentra un patrimonio desproporcionado de Miguel Castillejo en comparación con sus ingresos declarados. Diego Jordano consideró que el "acoso" de la Consejería de Economía podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, ya que "la Administración no actúa en defensa de lo que tiene que proteger, sino que produce un ataque inusitado".

El director general de la caja, Francisco Jesús Jurado, precisó que a mediados de octubre la caja decidirá las medidas a tomar después de que "la Fiscalía sólo aprecia diferencias de criterio" con la Junta y de que los letrados le hayan comunicado que la actuación de Economía es una "denuncia falsa".

La Consejería de Economía eludió pronunciarse ayer, ya que la Fiscalía aún no le ha remitido el escrito en el que se ordena el archivo de la denuncia, texto al que tiene legítimo derecho en su calidad de denunciante. Sí ha mostrado su extrañeza primero por la filtración parcial e interesada del contenido del mismo, y en segundo lugar porque el texto haya sido remitido a una de las partes y no a todas.