IU afirma que Marbella "es un problema de Estado" y vuelve a proponer la disolución del Ayuntamiento

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, calificó ayer la situación del Ayuntamiento de Marbella de "problema de Estado", porque está "gobernado por 17 tránsfugas y con miles de problemas urbanísticos". Valderas afirmó que el Consistorio marbellí ha acumulado en 12 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) "más de 40.000 problemas de carácter urbanístico por haber actuado en contra de la ley" y apuntó la necesidad de que se investiguen estos hechos que "se dan también en el resto del litoral andaluz".

"No se puede ocultar que las tramas de mafia y corrupción han caminado claramente por Marbella", dijo el coordinador, quien volvió a apostar por la disolución del consistorio, ya que se trata "de un problema nacional que hay que solucionar para dar ejemplo al conjunto de los ciudadanos".

IU es la única formación que aboga por la disolución inmediata del Ayuntamiento marbellí tras la moción de censura que presentaron a mediados de agosto concejales del GIL, PSOE y PA contra el anterior alcalde, Julián Muñoz. El Gobierno ha anunciado que los primeros estudios jurídicos establecen que no hay motivos para su disolución.

Valderas hizo estas declaraciones durante la celebración de un curso sobre política local para los nuevos alcaldes y concejales de la provincia, organizado este fin de semana por la dirección de IU en Málaga, y cuyo objetivo es proporcionar a los ediles en ciernes información técnica para el desempeño de sus funciones.

Mientras, el Consejo Andalucista de Gobierno, máximo órgano del Partido Andalucista entre congresos, se reúne hoy para, entre otras cuestiones, analizar el expediente disciplinario abierto a sus tres concejales en el Ayuntamiento de Marbella por "falta muy grave" tras su apoyo a la moción de censura contra Julián Muñoz.

La Mesa del Consejo Andalucista de Gobierno dirigió el pasado 19 de agosto un escrito a los tres concejales en el Ayuntamiento marbellí, Carlos Fernández, Pedro Pérez y María José Lanzat, en el que, "habida cuenta de la gravedad de los hechos", la dirección del partido les comunicó la "suspensión indefinida" de militancia y les solicitó que "se abstengan de pronunciarse en nombre de las siglas del PA".

El secretario general del Partido Andalucista, Antonio Ortega, ya avanzó la semana pasada que los ediles suspendidos indefinidamente de militancia tenían "derecho a ser oídos" y podían hacer uso del "trámite de audiencia" ante la Comisión Nacional de Garantías para plantear las alegaciones que consideren pertinentes ante el instructor del expediente, el secretario nacional de Organización, Juan Carlos Soriano.

Fernández anunció el jueves que tanto él como María José Lanzat tienen intención de acudir a la reunión del Consejo Andalucista de Gobierno para presentar las "alegaciones pertinentes" al expediente disciplinario.