Prima al infractor

No creo que nadie debidamente informado pueda tener la más mínima duda de que la inmigración es el problema más importante con el que tiene que enfrentarse la sociedad española. También es el recurso indispensable para hacer frente a buena parte de los problemas con los que vamos a tener que enfrentarnos en un futuro que está a la vuelta de la esquina. La inmigración es por tanto problema y solución al mismo tiempo. El aumento significativo del número de inmigrantes es claro que va a generar tensiones en la convivencia ciudadana, no de manera generalizada, pero sí en los lugares donde la inmigración se concentra. Pero sin esa llegada de inmigrantes es obvio que la sociedad española tendría dificultades insuperables para hacer frente a los problemas generados por el envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad.

El PSOE no debería haber llegado a un acuerdo en solitario con el PP sobre la Ley de Extranjería

La sociedad española, en lo que la inmigración se refiere, no tiene opción. No podemos cerrar las puertas a la inmigración, además de porque los inmigrantes van a venir, queramos o no, porque no podemos prescindir de ellos.

Parece lógico, en consecuencia, que la inmigración fuera unos de esos temas en los que los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo para dar una respuesta común al mismo. Y en este sentido, también parece lógico que habría que valorar como algo positivo el acuerdo alcanzado esta semana entre el PP y el PSOE en la tramitación de determinadas enmiendas a la Ley de Extranjería.

Y, sin embargo, no estoy nada seguro de que dicho acuerdo deba ser valorado positivamente. Más bien me inclino a pensar que el acuerdo no va a ser positivo y que acabará siendo interpretado por la sociedad española como un error del PSOE en su relación con el Gobierno del Partido Popular.

Me parece que es un error, sobre todo, porque no se puede primar al infractor. Fue el PP el que rompió el consenso que se fraguó a lo largo de la legislatura 1996-2000 entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria en torno a la Ley de Extranjería. Debe recordarse que la Ley de Extranjería que se aprobó en esa legislatura fue resultado de una proposición de ley, esto es, de una iniciativa legislativa parlamentaria y no gubernamental, y que se llegó a un acuerdo pleno entre todos los grupos parlamentarios, siendo aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad. Fue el Gobierno el que rompió el consenso, con la argumentación de que la ley generaría un "efecto llamada" que haría que el problema de la inmigración fuera inmanejable. Una vez alcanzada la mayoría absoluta en las elecciones de 2000, el Gobierno del PP remitiría a las Cortes su Ley de Extranjería sin admitir la más mínima enmienda. Con dicha ley, según el Gobierno, se pondría fin al "efecto llamada" y se estaría en condiciones de resolver el problema. A las pruebas me remito. Vamos por la tercera reforma de la ley.

No se puede primar al infractor. El Gobierno se equivocó gravemente al romper el consenso alcanzado en torno a la Ley de Extranjería. Es probable que la ley unánimemente aprobada hubiera tenido que ser modificada en un plazo breve, porque los datos de la inmigración cambian con tanta velocidad que la respuesta normativa tiene que ser necesariamente provisional. Pero el principio de que es un problema general al que se tiene que dar respuesta de manera consensuada se hubiera podido mantener en las reformas que hubieran tenido que introducirse. Esto es lo que el Gobierno tiró por la borda tras alcanzar la mayoría absoluta. Y esa conducta del Gobierno es la que no puede ser avalada de ninguna de las maneras.

Esto es en cierta medida lo que ha hecho el PSOE y es lo que, en mi opinión, no debería haber hecho en ningún caso. El PSOE no debería haber llegado a un acuerdo con el Gobierno sin que a dicho acuerdo pudieran incorporarse los demás grupos parlamentarios. El PSOE no puede avalar la ruptura del consenso por parte del Gobierno del PP y desairar a los demás partidos. Si hay que consensuar una respuesta al problema de la inmigración, hay que consensuarla entre todos y no sólo entre los dos grandes partidos nacionales. Si hay que recuperar el consenso, hay que recuperarlo de verdad, el que se fraguó en torno a la proposición de Ley de Extranjería.

El PSOE, además, no debería haber llegado a un acuerdo en solitario con el PP por una elemental razón de prudencia. El PP no va a respetar un pacto firmado en exclusiva con el PSOE. Es lo que ha ocurrido a lo largo de esta legislatura en todos los pactos que han suscrito ambos partidos. ¿O es que la dirección del PSOE considera que el Gobierno del PP ha respetado el pacto por las libertades y contra el terrorismo o el pacto sobre la justicia?

Los pactos que el Gobierno del PP suscribe con el PSOE los acepta a beneficio de inventario, esto es, cuando entiende que le benefician electoralmente y únicamente en la medida en que le benefician electoralmente. Y en cuanto la dirección socialista no hace una interpretación del pacto coincidente con la que beneficia electoralmente al PP, es acusada de incumplir el pacto que ha suscrito. Todavía no se había secado la tinta de la firma en el pacto sobre las enmiendas de la Ley de Extranjería cuando el portavoz del Gobierno ha empezado a acusar de irresponsabilidad al PSOE por no retirar el recurso de inconstitucionalidad que tiene interpuesto contra la ley en vigor.

El PSOE se separa de los demás partidos y prima al infractor de un consenso parlamentario, que casi con toda seguridad lo va a dejar en la estacada a las primeras de cambio. La verdad es que no alcanzo a entender cómo se ha podido incurrir en esta ingenuidad.