Primero los consumidores

Uno de los aspectos destacados de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) abordada por la UE se refiere al cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente, salubridad de los alimentos, así como al mantenimiento de las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales. A través de esta reforma, en palabras de la Comisión, se pretende fomentar el empleo de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y capaces de suministrar productos de calidad que garanticen mayor seguridad y calidad de los alimentos. No obstante, el fin de la moratoria que pesaba desde 1998 sobre los alimentos y piensos transgénicos contrasta con estas intenciones.

Es cierto que al menos existe cierta regulación que obligará en un futuro inmediato a etiquetar todos los alimentos y piensos que contengan un ingrediente con un mínimo de un 0,9% de organismos transgénicos y que la norma de trazabilidad impone un rastreo del producto desde su origen. Pero parece inminente la caída de del muro anti-transgénicos que tanto han atacado los principales países productores de productos transgénicos, encabezados por los EE UU.

En los próximos años, el derecho de los consumidores debe estar garantizado plenamente ya que otra crisis alimentaria similar a las acontecidas en Europa en los últimos años, pueden dañar seriamente la credibilidad de la UE en su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria.

El modelo de producción agrícola con cultivos transgénicos es totalmente incompatible con modelos como la agricultura ecológica y tampoco resulta muy compatible con el medio rural que dice querer salvaguardar la UE. Los cultivos transgénicos son el fin de la libertad tradicional del agricultor para elegir sus semillas. Se establece una total dependencia del agricultor con respecto a las empresas biotecnológicas. Pero, además, éste queda desamparado ante los posibles los daños ambientales causados por cualquier organismo modificado genéticamente, dada la indefinición jurídica de la responsabilidad.

La Comisión Europea debe garantizar plenamente la protección de los derechos de sus consumidores y productores por encima de las presiones del mercado internacional. Aunque la biotecnología no es la panacea que proclaman las grandes multinacionales del sector, es justo reconocer que plantea grandes oportunidades, y la Comisión debe elaborar las políticas públicas pertinentes para el máximo aprovechamiento de estos avances científicos. Pero por encima de todo deben estar siempre los derechos de los ciudadanos.