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MACROENCUESTA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Los usuarios suspenden a la justicia y culpan al Gobierno de los retrasos

La valoración de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia en España ha caído. Si en 2001 superó el aprobado (casi un 5,5), en 2003 se queda en un 4,90, en una escala de 0 a 10. Así lo refleja una macroencuesta encargada por el Consejo General del Poder Judicial hecha entre los meses de mayo y junio de este año y que se nutre de 3.758 entrevistas a ciudadanos de ocho comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia judicial.

La macroencuesta ha sido elaborada por los profesores José Juan Toharia y Juan José García de la Cruz para el Consejo General del Poder Judicial (órgano de Gobierno de los jueces). Los entrevistados han sido denunciantes, denunciados, testigos y víctimas de procesos judiciales, a los que se ha entrevistado a la salida de los juzgados. El error de muestreo para los datos globales es del 1,5%.

La nota media baja de 5,44 en la encuesta efectuada en 2001 a 4,90 en el sondeo de este año

El 5% de los justiciables españoles se queja de serias diferencias con su abogado

El 57% culpa a la Administración de las demoras de más de dos años, y sólo el 2%, a los jueces

La encuesta destaca las manifestaciones positivas de los ciudadanos sobre la modernización de las instalaciones judiciales y revela que el 74% de los entrevistados, aun a pesar de "sus defectos e imperfecciones", considera que "la Administración de Justicia constituye la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades". Con todo, los retrasos no gustan, quizá en parte por ello un 41% de los ciudadanos tilda "de mal o muy mal" la situación de la justicia, según la encuesta, que revela un dato curioso: en general, los ciudadanos inmersos en pleitos tienen una mejor percepción del funcionamiento de la justicia que el resto de la población. Tanto o más que los retrasos, a los usuarios les preocupa sobremanera que el juez no se estudie detalladamente el caso que les afecta. "Si la Administración de Justicia quiere mejorar su valoración parte de los usuarios, deberá incrementar su esfuerzo en hacerle ver que su asunto es tratado con detalle y profundidad [por el juez], más que con rapidez". Sólo el 19% de los encuestados manifiesta haber sido recibido por el juez antes del juicio.

- Duración de los procesos judiciales. La duración de los procesos sigue siendo el gran lastre de la justicia, según la encuesta. Cuatro de cada diez ciudadanos piensan que la justicia "funciona mal o muy mal" y casi seis de cada diez la consideran "regular, bien o muy bien". La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que la justicia es lenta. El 82% de los españoles en el año 2000, y el 81% en 2002, mostraba su acuerdo con la siguiente afirmación: "La Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella". En 2003, el 64% de los asuntos vivos en los juzgados de primera instancia celebraron el juicio en menos de un año, y el 45%, casi la mitad, en un plazo de seis meses o menos. Desde 1997, la evolución de las demoras de más de dos años ha sido claramente a la baja. Los asuntos penales y los civiles, los mas retrasados.

- La culpa de los retrasos. El 57% de los ciudadanos que han padecido en sus carnes retrasos de más de dos años responsabilizan "a la Administración de Justicia" [al Gobierno y a las comunidades] de los retrasos en la tramitación de sus causas. Curiosamente, sólo el 2% de los encuestados culpó de tales retrasos a los jueces, un criterio que choca con el de los expertos. Éstos aseguran, siempre según la encuesta, "que habría menos retrasos si los jueces cumpliesen a fondo con su deber". "Debería llamar la atención que sólo un 2% de los usuarios afectados por demoras consideren a los jueces como causa de los retrasos", se indica en el estudio y se añade: "Éstos tienen una percepción muy alejada de la que mantienen la mayoría de los expertos, que opinan que haciendo trabajar más a los jueces se resolverían las demoras". En el 13% de los casos, los ciudadanos responsabilizan de los retrasos "a las leyes procesales", y en el 10% a las triquiñuelas de "la parte contraria" para dilatar el proceso.

- Puntualidad. El descontento ciudadano por la impuntualidad de los jueces en las citaciones es patente. En este aspecto la Administración de Justicia ha empeorado. En una encuesta similar que encargó el Consejo en 2001, un 47% de los entrevistados expresó su malestar por este aspecto; ahora, el malestar llega al 56%. Los jueces de Familia y los de lo Contencioso son los más puntuales; y los menos, los que llevan asuntos penales y los del ámbito laboral. El 36% de los usuarios que se quejaron de impuntualidad indicaron que tuvieron que esperar, sobre el horario de la citación, entre 30 minutos y una hora a que el juez les atendiese. El 8% esperó más de dos horas, y un 7% se quejó también de la espera pese a que ésta no llegó a los 15 minutos.

- Trato recibido. El porcentaje de usuarios que declara haber sido tratado bien al ir al juzgado es claramente mayoritario en el año 2003. Un 79% de ellos declaran que han sido tratados bien por los funcionarios, un 73% dicen lo mismo respecto a los secretarios y un 75% admite que los jueces les ofrecieron un trato correcto. No obstante, estos buenos datos son peores que los obtenidos en 2001, cuando el porcentaje de usuarios que se sintieron bien tratados era superior al 90%. Preocupa, aunque el porcentaje no llega al 3%,quienes manifiestan haber sido tratados "muy mal y mal".

"Datos preocupantes"

Fernando Salinas, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), opina que uno de los factores esenciales de "la mala imagen de la justicia deriva de que el presidente del CGPJ y la mayoría conservadora que le apoya actúan como una traslación de una mayoría política, y sin consenso con el resto de los vocales (en especial en las políticas de nombramientos) y con una clara dependencia del área de justicia del Gobierno".

Juan Carlos Campo, vocal del Consejo para Andalucía, destaca que es en "esta Comunidad, junto con Navarra, donde mejor percepción se tiene de la justicia, lo que a su juicio, indica la buena gestión política judicial que se hace en ella, donde el 40% de los encuestados entiende que la cosa funciona bien, en contraste con otras comunidades y con el resto del Estado". El también vocal progresista del Consejo José Antonio Alonso entiende "preocupantes los datos de la encuesta, un trabajo científico y neutral y, en especial, el claro descenso en la estima general de la ciudadanía". Los ciudadanos piden "menos propaganda y más realidades", señala Alonso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de septiembre de 2003

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