El Pacto de Toledo recomienda elevar el cálculo de las pensiones

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo está a punto de concluir la renovación del acuerdo que firmaron todos los partidos políticos en 1995. El tema más espinoso, la ampliación del periodo de cálculo de las futuras pensiones, se ha salvado con una recomendación similar a la del pacto inicial: hay que avanzar en la "contributividad de las pensiones". Es decir, se debe aumentar de nuevo el número de años sobre los que se calcula la pensión, recomendación que traslada la decisión al Gobierno y a los agentes sociales, para que ellos debatan cuándo se aplica la reforma y su alcance. Ese periodo ahora es de 15 años, tras un proceso progresivo de incremento desde los ocho años, que se empezó a aplicar en 1996. También se aconseja poner límite a las prejubilaciones, y que sean las empresas las que asuman el coste cuando se deban a reajustes de plantilla con fines empresariales, y que no trasladen gasto a la Seguridad Social.

La previsión es que el documento con las recomendaciones esté listo en los próximos días, como máximo a finales de septiembre, para ser enviado a los partidos y ser debatido en el Pleno del Congreso, previsiblemente en octubre. La

comisión afirma que se debe continuar el camino para que la edad real de jubilación (63 años) se aproxime cada vez más a la edad legal (65 años), así como con medidas para formentar la prolongación de la actividad laboral.

El incremento de las prestaciones de la Seguridad Social o la reducción de cotizaciones han de ir acompañados de un estudio de viabilidad que garantice a medio y largo plazo la sostenibilidad del sistema público. La comisión asimismo cree que la fiscalidad general (los impuestos) debe hacer frente a la bonificación en las cotizaciones sociales de los contratos de colectivos con dificultades en la búsqueda de empleo.

Superávit al fondo de reserva

En relación al superávit de la Seguridad Social, recomienda que los excedentes se destinen "fundamentalmente" y "sin límite alguno" a dotar el fondo de reserva de las pensiones. El resto revertirá al propio sistema público.

La simplificación de regímenes especiales debe continuar con el objetivo de reducirlos a uno de trabajadores por cuenta ajena y otro de trabajadores por cuenta propia. Para los autónomos se insta a seguir el proceso de mejora y equiparación con el régimen general. Junto a ello, alientan a estudiar la situación de los regímenes en los que la cotización mayoritaria es sobre bases mínimas, y para el conjunto del sistema adecuar las bases a los salarios reales.

Además se subraya el "insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria", y se reclama primar la extensión de planes de pensiones y seguros colectivos, en especial a través de la negociación colectiva, financiados con aportaciones privadas "independientes y no sustitutivas de las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social".

Esas medidas suponen la continuidad de las recomendaciones del pacto de 1995. Junto a ellas se incluyen nuevas actuaciones, y la de mayor alcance es crear un sistema de protección para los ciudadanos en situación de dependencia por edad, enfermedad o deficiencia, cuyo cuidado cae ahora mayoritariamente en las familias, sobre todo en las mujeres. Se pide configurar un sistema de protección con la implicación de todas las administraciones y, en determinados casos, con la contribución de los usuarios en su financiación, así como regular un seguro de dependencia de carácter privado.

En esas nuevas medidas se incluye el reconocimiento de nuevas realidades sociales, como el trabajo temporal y a tiempo parcial, la plena integración laboral de los disminuidos físicos y las mujeres y el "importante desafío" que supone la inmigración, que califica de "una gran contribución a la estabilidad" de nuestro sistema de protección social en el futuro.