La Eurocámara abre una puerta a Aznar para que acepte la Constitución de la UE

El Parlamento Europeo abrió ayer la puerta al Gobierno español para pactar una salida a su cerrado rechazo al proyecto de Constitución europea. La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó un informe sobre la Carta Magna en el que propone que los Gobiernos pacten "sin demora" un nuevo reparto de escaños en la Eurocámara. Así, España podría recuperar 5 o 6 escaños de los 14 que perdió con el Tratado de Niza. A la vez, el Gobierno español intentará modificar al alza el porcentaje de población (60%) que debe respaldar las decisiones en el Consejo.

En Niza, el presidente del Gobierno, José María Aznar, logró que en el nuevo reparto de votos en el Consejo, España tuviera 27, sólo dos menos que los cuatro países más grandes de la Unión (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido); pero, a cambio, España perdió el 22% de los escaños que hoy tiene en el Parlamento Europeo (64 de un total de 626, que en Niza se redujeron a 50 de un total de 732). El proyecto de Constitución, sin embargo, propone anular el reparto de votos de Niza y plantea que las decisiones en el Consejo se consideren válidas con el apoyo de un grupo de países que representen al menos a un 60% de la población.

Con esta nueva fórmula, y en contra del sistema de Niza, España tendría pocas opciones para bloquear con otros aliados decisiones pactadas por los grandes. Perdería, por tanto, la ventaja lograda por Aznar a la hora de votar en el Consejo y se quedaría con 14 escaños menos. La nunca hipotética esperanza para recuperar terreno se recoge en el artículo 19 del proyecto de Constitución, que indica que, "con suficiente antelación a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009", se pactará un nuevo reparto de escaños de forma que haya una "representación de los ciudadanos europeos de manera decrecientemente proporcional".

Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales pide que ese nuevo reparto de escaños se pacte "sin demora, dado que constituye un elemento esencial de equilibrio global entre los Estados miembros en las diferentes instituciones". Por tanto, tendría que ser negociado, sin esperar a 2009, en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que iniciará sus trabajos el próximo 4 de octubre. Ese punto del informe de la Eurocámara, apoyado ayer por los eurodiputados españoles tanto del PP como del PSOE, fue aprobado por 14 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones.

A la vez, el Gobierno español ya planteó antes del verano la posibilidad de negociar que se eleve el umbral del 60% de población necesaria para respaldar una decisión en el Consejo. "Entre el 65% y el 70% podría ser más razonable", admite una fuente oficial española. El margen de maniobra que el Gobierno español tendrá para negociar en la CIG empieza a concretarse, por tanto, en esos dos aspectos.

Aznar, que ha insistido en los últimos meses en que rechaza la nueva fórmula de voto en el Consejo, declaró la semana pasada que la Convención que ha redactado el proyecto de Constitución no tenía mandato para modificar el Tratado de Niza. Pero el informe pactado ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyos ponentes han sido el español José María Gil Robles y el griego Dimitris Tsatsos (socialista), exige a la vez que la CIG introduzca pocos cambios "para respetar el consenso alcanzado en la Convención", donde ya se debatió la conveniencia de cambiar Niza y una mayoría se inclinó por hacerlo.

El informe, aprobado ayer de forma global por 18 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, será votado en pleno a partir del próximo día 22, pero apenas se producirán cambios porque ya ha sido pactado por los grupos mayoritarios. El documento no se define sobre la posibilidad de que el preámbulo de la Constitución incluya una referencia a la herencia religiosa en Europa, aspecto defendido a ultranza por los democristianos alemanes e italianos, así como por Polonia, pero que no cuenta con consenso ni siquiera en las filas del Partido Popular Europeo (PPE).

Pese a estos intentos del Parlamento Europeo por tender puentes negociadores entre los gobiernos, una mayoría de países (19 de los 25 que tendrá la UE a partir de mayo próximo) siguen planteando importantes objeciones. Sólo los seis países fundadores de la Unión (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) exigen que el proyecto constitucional sufra únicamente leves retoques. En su estrategia, España cuenta con el apoyo expreso de Polonia (por su similar población, tiene las mismas objeciones) y se ha aliado también con los países pequeños, que rechazan que en el futuro no haya un comisario por país, sino 15 con cartera y derecho a voto, y otros tantos de segunda clase.