Bono frenó una subasta de suelo militar con una amenaza de expropiar

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha amenazó con expropiar unos terrenos militares de 25 hectáreas enclavados en pleno casco urbano de Guadalajara para impedir que Defensa los vendiera al mejor postor mediante una subasta pública. El Gobierno regional, mediante ley, sólo permite una salida al mercado de suelo público: que se realice por concurso y que tenga por destino la construcción de viviendas de protección o equipamientos sociales.

El Gobierno de Bono ya desde 1991 intentó impedir que cualquier Administración especulara con terrenos públicos en su ámbito regional. Lo hizo a través de la Ley de Presupuestos de 1992: "Los terrenos propiedad de las Administraciones Públicas que se vendan a partir de la entrada en vigor de esta Ley y que se incorporen al proceso de urbanización y edificación de uso residencial, no podrán tener otro destino que la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social". Y también impuso que la única fórmula posible para enajenar suelo público era el concurso.

Alejandro Gil, consejero de Obras de Castilla-La Mancha, explica así el sentido de esas medidas: "Defensa, y otros organismos como Renfe o Prisiones, están pretendiendo vender en Castilla-La Mancha y en toda España por subasta el suelo público de que disponen. Es decir, al mejor postor. Y si uno paga caro el suelo, las viviendas que se edifiquen tienen que tener un precio elevado.Y en una situación donde estamos diciendo todos que hay que apostar por la vivienda protegida, las Administraciones debemos dar ejemplo. Con la subasta, se lo lleva el que puje más alto; en el concurso se garantiza el precio razonable, su uso social (el licitador nos ha de indicar si pretende destinarlos a jubilados, discapacitados o a mujeres maltratadas, etcétera), y se puede pactar las líneas arquitectónicas más adecuadas al medio ambiente".

La pugna ha sobrepasado lo político en Guadalajara, donde Defensa pretendía subastar una finca de un antiguo cuartel de 25 hectáreas. "Le dijimos a Defensa claramente que ese suelo tiene que utilizarlo para la construcción de viviendas protegidas o equipamientos, como hospitales, colegios, etcétera. Y Defensa nos contestó que no, que lo iban a vender al precio más alto", añade Gil. El paso siguiente fue una amenaza clara de Bono. "Hemos emprendido una batalla jurídica y hemos planteado un proyecto de singular interés, que es una figura que recoge nuestra ley, donde hemos llegado a hacer un proyecto de expropiación, para el caso de que no hubiera acuerdo expropiar esos terrenos. Tenemos aprobado ese proyecto con un justiprecio y estaríamos dispuestos a proceder a la expropiación en caso de que no hubiera acuerdo. De momento, parece que el ministerio ha cedido y quiere llegar a un acuerdo", asegura Gil.

El Gobierno de Bono también supervisa el buen fin de otra venta de terrenos. En Toledo, el gobierno municipal, del PP, firmó un convenio con Defensa para comprarle una finca, la de la antigua fábrica de armas, por un precio "demasiado alto", según Gil. "Pagó unas 40.000 pesetas por metro cuadrado por un terreno que ha de urbanizar. Es un precio de mercado, en total unos 3.700 millones de pesetas, que impide construir viviendas protegidas. Y tenemos parado este proyecto pendiente de aprobación. Nosotros, en el caso de Guadalajara hemos valorado el metro en 13.000 pesetas el metro cuadrado. Le hemos dejado muy claro al Ayuntamiento de Toledo que no puede hacer otra cosa que vivienda protegida. Y probablemente el Ayuntamiento tenga una pérdida importante". Defensa matizó que recurre a la subasta tras ofrecer su suelo a entidades públicas "a precio de mercado" y ver declinada su oferta.