Un nuevo contrato

En los últimos años se ha agravado la crisis en las relaciones de la agricultura con la sociedad europea. Existen desencuentros de fondo que explican este divorcio creciente, tanto sobre lo que la sociedad espera de la agricultura en cuanto a productos y métodos de producción, como sobre las ayudas a los agricultores y sus criterios de asignación. Al calor de esas dificultades se acumulan críticas y descalificaciones de trazo muy grueso, que cuestionan la función social de los agricultores europeos y la legitimidad de las ayudas. Demasiados frentes abiertos para un colectivo que ha perdido peso social, y apenas representa ya el 4% del empleo europeo.

Para los consumidores europeos, la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente dejó hace tiempo de ser un problema. Destinan apenas el 16% de su gasto a la alimentación, abominan de los excesos productivistas de la agricultura europea, y están muy sensibilizados por la calidad y el carácter saludable de sus alimentos, estimulados por la ingente cultura gastronómica europea por un lado, y alarmados por los reiterados escándalos alimentarios por otro. Por ello no se conforman con que el sector agroalimentario europeo sea el más avanzado en la introducción de sistemas de trazabilidad de los alimentos, el más riguroso en la aplicación del principio de precaución en la regulación de productos y procesos en la actividad agroalimentaria, o en establecer límites de presencia en los alimentos de agentes potencialmente nocivos para la salud, y el más exigente en la información a los consumidores. La moratoria sobre los productos transgénicos, que ahora se levanta, ha sido un ejemplo de la aplicación más exigente del principio de precaución, y de respuesta al generalizado rechazo de la sociedad europea, mientras se desarrollaba una normativa sobre el etiquetado de los productos con transgénicos para facilitar la libre opción de los consumidores, y se estudiaban los problemas, no del todo resueltos, de su coexistencia geográfica con la producción convencional.

Se ha agravado la crisis de las relaciones de la agricultura con la sociedad europea

Las exigencias de la sociedad europea se extienden a las implicaciones de los métodos de producción agraria para el medio ambiente y el bienestar de los animales.

Por otro lado, la agricultura europea es percibida como un freno para el comercio internacional, y en particular para las exportaciones de los países en desarrollo, y en cierta medida es así. No atenúa la crítica que la UE sea el mayor, y creciente, importador neto de productos agrarios del mundo, y que importe de los países en desarrollo más productos agrarios que EEUU, Canadá, Australia y Japón juntos. Europa debe avanzar en la eliminación de mecanismos de ayuda que distorsionan los intercambios, pero al mismo tiempo debe incorporar a las negociaciones internacionales la sensibilidad europea por la seguridad alimentaria, la protección medioambiental, el bienestar animal, el principio de precaución, la protección de las indicaciones geográficas o la información a los consumidores. Pero sobre todo debe defender una apertura de las fronteras que favorezca a los países en desarrollo -la iniciativa "Todo Menos Armas", de liberalización completa de las importaciones procedentes de los países menos desarrollados, es un buen ejemplo- y no casi exclusivamente a los países desarrollados del Nuevo Mundo con agricultura más competitiva, como ha ocurrido a lo largo de los noventa.

El cambio del sistema de apoyo a la agricultura europea, a partir de los primeros noventa, con reducciones de precios compensadas por ayudas directas, ha proporcionado transparencia y visibilidad a esas ayudas. Los cazaprimas, los agravios comparativos, una distribución de las ayudas percibida como injusta y desequilibrada, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial o entre explotaciones, han erosionado gravemente su legitimidad ante la sociedad.

Pero la agricultura europea va a seguir necesitando ayudas. Las limitaciones de suelo y clima, la reducida dimensión de las explotaciones y su lenta reestructuración, los mayores costes, tanto sociales como derivados de las exigencias medioambientales, de calidad alimentaria o de bienestar animal, hacen que apenas un millón de los seis millones de explotaciones europeas puedan obtener en el mercado mundial un precio que cubra sus costes de producción. Su desaparición tendría graves consecuencias para la economía y el empleo de las zonas rurales, así como para la protección del medio ambiente y el paisaje, lo que no se corresponde con el modelo social y territorial europeo.

Es necesario, por tanto, un nuevo contrato entre la sociedad y sus agricultores. Para defender un modelo de agricultura como el que demanda la sociedad europea. Orientada al mercado, al valor añadido, a las exigencias en materia de calidad y seguridad de los consumidores europeos, que mantenga el incentivo a la profesionalidad y a la actividad empresarial, pero no incentive la producción de excedentes. Una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y que recoja la inquietud social por el bienestar de los animales. Que no distorsione los intercambios y favorezca una apertura de fronteras que discrimine en favor de los países menos desarrollados. Que contribuya a la cohesión social y territorial y se integre mejor en una estrategia global para el desarrollo rural.

No es tarea fácil conciliar esos objetivos. Temo que estemos asistiendo a una reorientación de la política agrícola europea muy plausible en sus objetivos pero que, confrontada a la defensa de derechos históricos que han ido consolidando, en el devenir de la PAC, desequilibrios y discriminaciones de carácter sectorial, territorial e individual, puede conducir a un híbrido irreconocible en sus principios, poco eficaz en sus instrumentos, desincentivador de la incorporación de jóvenes a la agricultura, y crecientemente insostenible ante los ciudadanos.

Luis Atienza Serna es economista. Fue ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 1994 y 1996.