El Ayuntamiento desaloja a las 40 personas que vivían acampadas en la Casa de Campo

Las 40 personas que habitaban de manera regular en la Casa de Campo han sido desalojadas por la Policía Municipal. La operación se realizó el lunes por la mañana. Muchos se negaron a obedecer la orden -"no tenemos dónde ir"-, pero los agentes les advirtieron de que o se iban o les echarían por la fuerza.

Un portavoz de la Policía Municipal informó que el parque es un bien público de todos los madrileños y que éstos tienen derecho a disfrutar de él, pero no para vivir allí. La policía afirma que les desalojó tras avisarles previamente. Además se les ofreció ir a un albergue de forma temporal, pero que ellos rechazaron la propuesta. Durante el desalojo, los agentes pidieron los papeles a todos. Tres de ellos no los tenían y estaban de manera irregular en España. Entonces, se les trasladó a dependencias de la Policía Nacional.

Dos parejas y un chico se negaron a marcharse del parque pese a las amenazas de desalojo forzoso y optaron por cambiar de sitio. Ahora esperan que pase algún tiempo para volver a su antiguo lugar de acampada.

La mayoría de los desalojados habitaban en el sureste del parque, entre el lago y la avenida de Portugal, muy cerca de la zona donde la Cruz Roja regenta tres albergues y un centro de atención a toxicómanos. "No tenemos casa, ni dónde ir. La Casa de Campo ha sido nuestro hogar desde hace más de un año", dice Isabel, una de las afectadas. Isabel está enferma y la tienen que operar de un ovario. Vive junto a su pareja, Carlos, y sus dos perros. Ahora están a la intemperie, en un espacio justo al lado del centro de la Cruz Roja, y confían que no llueva durante los próximos días. Conviven en una situación precaria: entre tres colchones tirados en el suelo, cajas de comida y ropa.

"Estamos pasando un poco de frío por las noches, porque está refrescando y esperamos que el invierno no nos pille en la calle", dice Carlos. Todos ellos se muestran muy molestos con la situación, dicen que reciben una pensión no contributiva de 300 euros al mes como ayuda para rehabilitarse de la droga y que no les alcanza para comprarse una casa. "A los gitanos les dan inmediatamente una casa; en cambio, a nosotros nos ponen todo tipo de pegas", subraya Isabel.

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