Un coro afinado de grillos
EL GOBIERNO Y LOS PORTAVOCES DEL PP han acosado durante los últimos años a los dirigentes socialistas con requisitorias cuasi judiciales dirigidas a obligarles a confesar cuál era su oculto modelo de Estado, supuestamente hurtado al conocimiento público. Ese cerco inquisitorial, que implicaba la denuncia de la incoherencia interna dentro del PSOE y la sospecha de su incoada deslealtad a la Constitución de 1978, formaba parte de la estrategia puesta en marcha por el Gobierno durante esta legislatura para eludir el control parlamentario de la oposición (sobre el hundimiento del Prestige, las chapuzas en el tendido del AVE, la guerra de Irak o la tragedia del accidente aéreo sobre Turquía) por el procedimiento de pasar al ataque contra los socialistas en asuntos cruciales para la estabilidad democrática -como la integridad territorial de España o el consenso constitucional- y colocarles así a la defensiva. Arrinconado por ese incesante fuego artillero, el PSOE convocó hace ocho días a su Consejo Territorial en Santillana del Mar a fin de responder a las acusaciones del Gobierno y dejar claras sus propias posiciones.
El Consejo Territorial del PSOE aprueba una declaración sobre el Estado de las autonomías que rechaza las acusaciones de incoherencia interna y deslealtad constitucional lanzadas por el PP
El esfuerzo del PSOE por deshacer las maliciosas dudas sobre su lealtad constitucional artificiosamente inventadas por el PP no ha servido para mucho: la filtración oficial del nombre del sustituto de Aznar como futuro candidato popular a la presidencia del Gobierno ahogó los ecos de la reunión de Santillana del Mar celebrada ese mismo día mediante una habilidosa contraprogramación mediática. De esta forma, el PSOE perdió la batalla para fijar la agenda de ese delicado debate -instalado sobre un campo de minas electoral- tanto al empezar como al concluir las operaciones. Empujado primero a aceptar una confusa polémica en torno a su ortodoxia constitucional y a su diseño del Estado de las autonomías, las posiciones socialistas fueron groseramente caricaturizadas por el PP; la tortuosa retórica de Maragall y sus embarullados paralelismos entre la geopolítica medieval de la Corona de Aragón y la geoeconomía contemporánea de las regiones europeas han dado abundantes facilidades a esa tarea distorsionadora. La habilidad del Gobierno para imponer su ritmo propagandístico a la agenda silenció prácticamente las conclusiones del Consejo Territorial.
El objetivo de la reunión de Santillana del Mar era dar una contundente respuesta a la torticera campaña emprendida por el PP para descalificar al PSOE como una jaula de grillos que defienden 17 modelos de Estado diferentes y se proponen llevar a cabo una caprichosa e indiscriminada reforma de la Constitución y los estatutos si ganan las elecciones. No faltan en la declaración aprobada ejercicios de logomaquia ("la esencia de la unidad de España es el reconocimiento de su pluralidad") ni vocabulario a la moda (redes, corredores económicos, plataformas logísticas, mallas peninsulares). Pero la declaración es clara, eficaz y tranquilizadora a la hora de rebatir las aviesas acusaciones del PP: es verdad que "sólo desde la mala fe o el propagandismo sectario" cabría imputar a los socialistas que su modelo de Estado es algo diferente de la España de las autonomías configurada por la Constitución de 1978.
El texto ratifica la "oposición frontal" del PSOE a cualquier "segregacionismo o seudosoberanismo", provenga del PNV o de CiU. Las propuestas socialistas de modificación parcial del sistema político se circunscriben a "reformas institucionales concretas y específicas" aprobadas siempre por amplio consenso y conformes con los valores constitucionales: la transformación del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial (una tesis compartida por Aznar en 1994), la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado y la creación de mecanismos para su colaboración en las decisiones europeas. Y lejos de defender "una oleada de reformas estatutarias global e indiscriminada", los socialistas propugnan únicamente llevarlas a cabo -tal y como se hizo en el pasado de conformidad con el PP- allí donde sean convenientes y tengan respaldo suficiente.
