El Tribunal de Justicia europeo condena a España por las líneas de alta tensión

Las censuras contra el Gobierno por los tendidos de líneas de transporte de electricidad de alta tensión alcanzan ya la máxima responsabilidad, según sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a requerimiento de la Comisión Europea contra el Reino de España. El Ejecutivo está obligado ahora a ajustar esas obras a las rigurosas directivas comunitarias sobre medio ambiente, cuyo cumplimiento por las eléctricas afectará a trazados e indemnizaciones, fundamentalmente.

El Tribunal Supremo español ya había advertido en abril del año pasado de numerosas anomalías en los trabajos que Red Eléctrica llevaba a cabo en Cantabria, en una sentencia que daba la razón a la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (véase EL PAÍS del 17 de abril de 2002). Entonces, el Supremo ordenó una investigación judicial sobre la legalidad de los trabajos de Red Eléctrica en esa comunidad tras un proceso que ya se prolonga 13 años. Las quejas de la asociación de afectados por el tendido de la red entre Asturias y el País Vasco, conocido como el corredor del Norte, y sus reiterados reproches a la Administración por la ilegalidad de esas obras han sido tenidas en cuenta ahora por el Tribunal europeo.

"El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben, en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, al no haber adoptado en el plazo señalado todas las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias", sentencia el TJCE.

El abogado Fernando Merodio, en representación de la asociación de afectados más combativa en este conflicto, denunció ayer en Santander que "la Administración española y Red Eléctrica conocían que el criterio de la Comisión Europea era el de la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental", y que también conocían, al menos desde 1996, que ése era el criterio del TJCE. "Pese a ello, maliciosamente, la Administración no exigió y Red Eléctrica no realizó evaluación alguna de los impactos [de esas obras]", añadió.

Según Merodio, "nadie con sentido común y buena fe podría negar la imprescindible necesidad de tramitar rigurosos estudios de evaluación de los impactos en supuestos tan agresivos para el medio, las personas, su economía y calidad de vida, como una línea de transporte de energía eléctrica a 400 kilovatios". También acusó a la Administración de "favorecer, contra la razón, el bien común y todo criterio legal, el exclusivo interés económico particular de las eléctricas". Tras esta nueva y definitiva sentencia, los afectados exigen la anulación de los expedientes tramitados y que se depuren "las responsabilidades a que pudiera haber lugar por la actuación de la Administración en este asunto".