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Reportaje:LA POLÉMICA DE UN PROYECTO TURÍSTICO

¿Qué es Punta Umbría Turística?

La sociedad adjudicataria del proyecto empresarial está asociada a FCC, el grupo Barceló o el BBVA

La comisión de investigación impulsada por el alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández (PP), en agosto pasado para analizar la adjudicación de terrenos a la empresa Punta Umbría Turística por el anterior gobierno local, del PSOE, para desarrollar un proyecto turístico está a la espera de que se presenten las conclusiones. Las resoluciones estarán basadas sólo en los expedientes de los proyectos turísticos que investiga: el que se firmó con la empresa en 2000 para la construcción de 13 hoteles y el nuevo convenio urbanístico de 2003, además de las intervenciones de los técnicos municipales.

El PP considera que la adjudicación de los terrenos a Punta Umbría Turística (PUT) fue contraria a la ley y que hubo trato de favor. El PSOE lo niega y dice que el PP quiere construir chalés en ese suelo.

La empresa ha abonado una fianza de 771.685 euros por el segundo proyecto
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¿Influencias en Punta Umbría?

- ¿ Qué es Punta Umbría Turística? Fue la empresa ganadora del concurso público que convocó el Ayuntamiento en 2000 para la adjudicación de unos terrenos en Punta Umbría en los que estaba previsto desarrollar un proyecto turístico que contemplaba la construcción de 13 hoteles. Ese primer proyecto fue anulado por la Junta porque afectaba a zona de alto valor ecológico.

La empresa es del matrimonio Alfredo González Quintero y Rosa Gónzález y tiene intereses en sectores como la agricultura, la restauración, el turísmo y medios de comunicación.

Dentro del sector turístico, la entidad trabaja en la construcción de hoteles y apartamentos. Tiene un acuerdo comercial con la empresa Grubarges, que está integrada por Fomento Construcciones y Contratas (FCC), el grupo hotelero Barceló y el BBVA. Grubarges y Punta Umbría Turística conforman la sociedad Grubarges Punta Umbría SL, de la que la primera participa con un 51% y PUT con el 49%.

Además, Alfredo González es propietario de la empresa Master Radio Televisión que explota la televisión local Atlántico Televisión, de la que ahora se ha alquilado la gestión a la empresa Huelva Comunicación Multimedia por 12 años. También es propietario de la empresa de restauración Lincys.

- Coste de los proyectos. La empresa ganó el concurso de 2000 tras ofrecer 43 millones por el proyecto, paralizado luego por la Junta. Entregó avales por 5,5 millones de euros que le fueron devueltos. El primer proyecto ocupaba dos parcelas que sumaban 1,76 millones de metros cuadrados, de los que 445.000 eran edificables.

El segundo proyecto fue suscrito a principios de este año, tras distintas conversaciones entre las partes implicadas (Junta, Ayuntamiento y empresa). La posibilidad de que el asunto se encallase en los tribunales y se tardase años en resolver el tema propició el acuerdo. Este proyecto establece que la construcción se hará en unos terrenos distintos: un cámping, un antiguo vertedero y una zona conocida como el valle de las yeguas. Además, fuera del convenio, la empresa logra tres parcelas para la construcción de hoteles, que suman 78.000 metros cuadrados edificables. Estas tres parcelas (que habían salido a concurso anteriormente pero que no fueron adjudicadas) fueron valoradas por el Ayuntamiento en 19,2 millones de euros, de los que la empresa ha abonado una fianza del 4% (771.685 euros).

Este segundo proyecto se paraliza por una pequeña parcela (llamada RT1), que supone el 3% del suelo del total del proyecto (por encima de 1,7 millones de metros cuadrados). Esta parcela ya estaba incluida en el primer proyecto.

- Derechos adquiridos de PUT.

Hay un informe del secretario del Ayuntamiento, José Luis Pérez Guío, en el que analiza la legalidad del primer proyecto turístico y afirma que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia normal o anormal de los servicios públicos". El Ayuntamiento adjudicó el primer proyecto pese a que la Junta tenía catalogados esos terrenos por su alto valor ecológico. Por lo tanto la responsabilidad del parón del proyecto turístico es del Ayuntamiento y no del empresario, motivo por el que ha de ser compensado por la actuación de la Administración local.

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