La asignatura de religión contará para repetir en la ESO a partir de este curso

Las primeras comunidades que inician oficialmente el curso escolar este año son Castilla-La Mancha, La Rioja, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Empezarán el lunes próximo las clases de educación infantil y primaria.

Las principales novedades de este curso afectan a la educación secundaria obligatoria (ESO): los alumnos de esta etapa repetirán en cualquiera de sus cuatro cursos con más de dos materias suspensas, incluida la religión; tendrán una recuperación extraordinaria en septiembre, y recibirán una puntuación numérica de 0 a 10 de cada asignatura, además de las calificaciones de insuficiente a sobresaliente. Estas tres medidas ya existían con la Ley General de Educación, de 1970, la que estableció la EGB, el BUP y el COU, derogada en 1990.

Las comunidades autónomas podrán anticipar este curso otras dos medidas que introduce la Ley de Calidad: la gratuidad de todos los centros privados concertados de la educación infantil y la sustitución del actual primer ciclo de la educación infantil (de 0 a 3 años) por la nueva educación preescolar, que tendrá carácter asistencial además de educativo.

Sin financiación

La ausencia de memoria económica y de previsión sobre cuándo analizará el Consejo de Política Fiscal y Financiera la financiación que requiere la implantación de esta ley centró ayer las protestas de las cinco comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y Cantabria en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. Los consejeros de Educación de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria afirmaron que "no hay dinero para la Ley de Calidad". Estas comunidades criticaron duramente a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, "por no haber instado al Consejo de Política Fiscal y Financiera a tratar este tema en sus últimas reuniones ni intentar que lo incluya urgentemente en las próximas".

Pilar del Castillo manifestó ayer a este respecto que primero deberán producirse unos "gastos reales" y después se hablará de su pago, porque el actual sistema de financiación autonómica no contempla "suplementos previos de gasto".

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, lo ve de otra forma: "Cuando se hace una norma que supone un nuevo gasto para las comunidades, hay que acompañarla de una memoria económica y de financiación, con independencia del dinero que ya se tenga en esa comunidades y de en qué se gaste el resto del dinero". Su homólogo de Castilla-La Mancha, José Valverde, advirtió que "se está exigiendo déficit cero a las comunidades para aplicar la Ley de Calidad y es absurdo pedirles que gasten en ella y luego lo declaren porque el sistema no funciona así, porque cumplir la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) significa que si se las obliga a hacer un gasto se deben poner los medios para ello". Valverde añadió que "un ejemplo de ello es que el propio Gobierno ha previsto la financiación que sería necesaria para su reforma sanitaria".

En cambio, el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Esteban González Pons, aseguró que "las comunidades gobernadas por el PP no tienen problemas para financiar la Ley de Calidad" y calificó las quejas de las socialistas de "recurso retórico". González Pons aseguró que su comunidad tiene "estudios" sobre el coste de la aplicación de esta ley, aunque no dijo a cuánto asciende.

El consejero de Asturias, José Luis Iglesias, precisó que el cálculo de su comunidad es que el coste inicial de aplicar la LOCE será de 18 millones de euros y la consejera de Aragón, Eva Almunia, que en la suya costará implantarla completamente 150 millones de euros.