Valdemoro incumple desde hace tres años una sentencia del Tribunal Superior

El alcalde de Valdemoro, Francisco Granados (PP), lleva tres años incumpliendo una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) que le obliga a demoler unas obras ilegales en un edificio protegido. Granados es más conocido por ser hasta hace unos días presidente de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que ha intentado desentrañar las razones que se esconden tras la espantada de los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

La historia se remonta siete años atrás. En 1994, el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, dio la voz de alarma: el propietario del edificio situado en la plaza de Autos, 11, había ampliado su casa construyendo una nueva habitación . El inmueble, conocido como Casa de la Inquisición, es del siglo XVIII y está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Comunidad de Madrid. La resolución del Ayuntamiento fue tajante: demolición de las obras.

El propietario del inmueble, Nicolás Sánchez, recurrió judicialmente. La respuesta de los jueces ratificó la del Ayuntamiento: "Las obras ejecutadas no son acordes con la configuración arquitectónica original de la casa y suponen una ampliación no ajustada a la normativa vigente". Según esa normativa, los trabajos permitidos en un edificio de estas características son sólo de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación.

La sentencia se hizo firme en abril de 2000, pero el Ayuntamiento no hizo nada. Paloma de Diego, vecina del edificio colindante a la Casa de la Inquisición, solicitó al alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, que se diera cumplimiento a la legalidad y que se derribaran las obras. "La habitación que se hizo ese señor me dejó sin patio. Como no recibí respuesta del alcalde, puse el tema en manos de abogados", señala Paloma.

Silencios y excusas

A partir de ahí, el caso de las obras ilegales es una larga historia de silencios y excusas por parte del Consistorio. Los abogados de Paloma de Diego intentaron ponerse en contacto con el alcalde varias veces sin recibir respuesta. En marzo de 2003, Francisco Granados accedió a reunirse con los abogados.

Según los letrados, el alcalde manifestó que le "resultaba muy difícil demoler las obras porque afectaba a la casa de un vecino y que, en todo caso, no haría nada hasta que hubieran transcurrido las elecciones del pasado 25 de mayo".

El teniente alcalde de Valdemoro y concejal de Urbanismo, José Miguel Moreno, presente en aquella reunión, niega que ésa fuera la respuesta del alcalde: "En ningún momento se pensó en términos de intereses electorales". Moreno justifica así el retraso de tres años en el cumplimento de la sentencia: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolición y se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se hará pronto".