PSOE, PP y PA acuerdan por primera vez desde 1991 unidad de acción en Marbella

Por primera vez desde la irrupción del GIL en Marbella, en 1991, los principales partidos de la comunidad suscribieron ayer en el Parlamento un acuerdo en el que se comprometen a "coordinar sus actuaciones" en diferentes ámbitos políticos para que el Ayuntamiento "retome la senda de la legalidad" y "restablezca la normalidad democrática". Pese a los pactos tácitos nunca hasta ahora se había puesto por escrito esta declaración. Dirigentes del PSOE, PP y PA estamparon su firma en un documento en el que se insta a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que "profundice y acelere" las investigaciones sobre la moción de censura suscrita por 14 tránsfugas (ocho del GIL, tres del PSOE y tres del PA).

El acuerdo de seis puntos alcanzado ayer implica la unidad de acción de los tres partidos en todos los frentes institucionales, incluido el parlamentario. PSOE, PP y PA parten del análisis común de que tras la moción de censura, que derribó a Julián Muñoz -el candidato del GIL que logró mayoría absoluta en las elecciones del pasado 25 de mayo- de la alcaldía, "planean sospechas de especulaciones urbanísticas y económicas" en la línea de actuaciones -la mayoría "al margen de la ley"- de anteriores gobiernos del GIL.

Los partidos firmantes instan a los Gobiernos central y autonómico a elaborar informes jurídicos, económicos y urbanísticos para comprobar si se dan los supuestos contemplados en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para considerar "la posible disolución" del Ayuntamiento de Marbella y se insta al Ejecutivo andaluz a que "garantice el cumplimiento de la legalidad exigiendo que dicho Ayuntamiento revise todos aquellos acuerdos adoptados que hayan podido conculcar la legalidad vigente".

Igualmente, los partidos consideran que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 es la "única norma legal y legítima" que rige en materia urbanística para Marbella por lo que rechazan la concesión de licencias y convenios que no se adecuen a ella, al tiempo que solicitan la revocación de todos los procedimientos declarados ilegales por el TSJA.

Los tres partidos instan a la fiscalía del TSJA a que "profundice y acelere las actuaciones ya iniciadas investigando las circunstancias y motivaciones de la moción de censura". Los firmantes descartan así dirigirse, vía Gobierno central, a la Fiscalía Anticorrupción, ya que estiman que la del TSJA es por cercanía la que tiene las competencias, según fuentes socialistas y populares. No obstante, el poder del Ministerio Público andaluz es cuando menos, un tanto difuso, ya que no tiene competencias directas sobre la Fiscalía de Málaga que ya que decidió el 9 de agosto investigar si hubo cohecho en la moción de censura. Únicamente si hubiera aforados autonómicos implicados en el proceso o si afectase a más de una provincia la Fiscalía andaluza tendría un papel protagonista.

["Me parece fenomenal que la Fiscalía investigue", aseguró ayer a Efe la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, mientras que el ex andalucista y delegado de Seguridad Ciudadana, Carlos Fernández, la consideró una "idea acertada".]

El acuerdo político se tradujo además en una proposición no de ley conjunta que se debatirá, junto con otras iniciativas de los grupos de Izquierda Unida y mixto, el próximo jueves en comisión parlamentaria. IU anunció ayer que mantendrá la suya y que votará aquellos puntos de la tripartita de PSOE, PP y PA que estimen oportunos.

Dirigentes de estas formaciones destacaron ayer su "satisfacción plena" por el acuerdo, cuyos "últimos flecos" fueron cerrados por el secretario general del PSOE, Manuel Chaves, y la presidenta del PP, Teófila Martínez, en una conversación telefónica. El secretario de Organización socialista, Luis Pizarro, destacó la "voluntad de dar una respuesta clara y contundente" a la situación marbellí. En parecidos términos se expresó el secretario general del PP, Antonio Sanz: "Desde Andalucía se lanza el mensaje claro al equipo de gobierno de que no estamos dispuestos a tolerar comportamientos que inciten a la ilegalidad y fomenten la corrupción". El andalucista Javier Aroca destacó que con el acuerdo se "enseña los dientes" a los que creen que el transfuguismo es un hábito político.