Agricultura acelera sus planes para el campo sin contar con el sector

El Ministerio de Agricultura quiere cerrar contrarreloj, con el apoyo de su mayoría parlamentaria, los importantes flecos que quedan para el cumplimiento de su programa agrario para esta legislatura. En medios agrarios se estima que lo que no se ha hecho en cuatro años no se puede forzar en unos meses, y se considera que los proyectos pendientes deben salir adelante por consenso y no por la imposición de los votos de los populares.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó para esta legislatura un importante programa agrario donde destacaba un fuerte desarrollo legislativo, algo que no se había hecho en las dos últimas décadas. En los últimos tres años se aprobaron las leyes de pesca, sanidad animal y vegetal y, finalmente, la ley del vino. En las tres primeras hubo acuerdos importantes con la oposición y las organizaciones agrarias, mientras la última se aprobó con la oposición del sector. Ya se da por descartada la posibilidad de una nueva Ley de Alimentación, de la que no se ha pasado de simples borradores.

En este momento se halla en trámite parlamentario el proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos, que el Gobierno quiere aprobar de forma precipitada, frente a las posiciones de los partidos políticos y todas las organizaciones agrarias. En este proyecto, el Ejecutivo quiere rebajar de cinco a tres años el periodo de arrendamiento. Además, quiere eliminar la figura del profesional agrario para tener prioridad a la hora de un arrendamiento frente a las sociedades anónimas y se quiere eliminar los techos de arrendamientos de tierras de 50 hectáreas de regadío y 500 de secano.

El programa agrario de Miguel Arias Cañete ha tenido como eje la redacción del Libro Blanco de la agricultura y el desarrollo rural, algo que era indispensable para elaborar una política agraria para el sector y que se debería haber redactado hace décadas. El Libro Blanco está prácticamente ultimado y, en función de sus conclusiones, se ha elaborado un borrador de anteproyecto de ley básica de agricultura y desarrollo rural que se pretende sea el norte y seña de la nueva política agraria.

Prisas estivales

Agricultura dio un plazo a las organizaciones agrarias para presentar alegaciones durante el mes de agosto, algo que fue criticado duramente por el sector. En principio, el ministerio quería que el proyecto fuese aprobado por el Gobierno este mismo mes. Sin embargo, parece que se va imponiendo la cordura y al final se ha dado un plazo de tres semanas más para presentar alegaciones. Para el sector, es impensable forzar la aprobación de un proyecto de ley de esta envergadura en los próximos meses, cuando el nuevo texto deberá ser el eje de la política agraria para el futuro. Por este motivo, las organizaciones agrarias requieren un debate largo y sosegado, sin presiones de calendarios políticos, para definir el tipo de campo por el que se quiere apostar en el futuro y las medidas de apoyo necesarias para lograr una nueva estructura en un sector económico que ya supone menos del 5% de la población activa.

Medios agrarios y fuentes cercanas a la Administración coinciden en señalar que el principal objetivo de Miguel Arias Cañete antes de su salida del ministerio sería solamente haber cerrado la elaboración del Libro Blanco y el borrador de ley básica de la agricultura para jusificar así el cumplimiento casi íntegro de su programa legislativo.