Socialismo autonómico

La resolución sobre política autonómica que preparan los socialistas intenta salir al paso de las acusaciones lanzadas contra ellos por el PP ante un curso fuertemente electoral. Salir al paso, sobre todo, de la acusación de que el PSOE es hoy un carro tirado por varios caballos, cada uno en una dirección. A tal fin, el texto trata sobre todo de integrar en una propuesta compartida los planteamientos de Maragall, en cuyo honor se incluye una referencia a la "España en red". Sin embargo, con independencia de cuál haya sido el móvil, la iniciativa tiene la virtud de plantear el debate autonómico en términos racionales, y siempre desde la perspectiva de que sus propuestas sólo serán viables desde el consenso de los dos grandes partidos; en ese sentido, constituye una invitación a que el PP lleve a la práctica su discurso de la unidad de los constitucionalistas en la defensa del modelo compartido.

El debate autonómico ha girado desde hace años en torno a la reivindicación de más poder por parte de los nacionalistas. El Gobierno respondía según sus necesidades: cediendo, cuando necesitaba su apoyo a la gobernabilidad (periodos 1993-1996 y 1996-2000), o negándose a ello, cuando tenía mayoría absoluta. El resultado de esa dinámica ha sido generar expectativas exageradas y frustraciones también excesivas. Y cierta inestabilidad del modelo autonómico. Ya casi se ha olvidado, pero el PP propuso en su momento a los nacionalistas formar un frente contra el Gobierno socialista basándose en concesiones que hoy consideraría escandalosas. Todavía en 1992, poco después de firmar el pacto autonómico con los socialistas, apoyaron, incluso con movilizaciones, una reforma radical del Estatuto de Aragón que, entre otras cosas, planteaba un sistema de financiación como el del Concierto vasco.

Los socialistas llevan años hablando de federalismo como fórmula de cierre del proceso autonómico, pero no han sido capaces de traducirla en propuestas viables y entendibles por la generalidad de los ciudadanos. Tal vez la propuesta sobre la que discurrirán este sábado sus barones les permita recuperar la iniciativa en ese terreno; adelantarse a algo que también el sucesor de Aznar, sea quien sea, tendrá seguramente que plantearse. Porque el propio despliegue autonómico ha revelado la existencia de lagunas o ineficiencias del modelo: la falta de mecanismos de coordinación y cooperación entre territorios y, sobre todo, de instrumentos que garanticen la participación de las comunidades en las instituciones de la UE. También, aunque el texto no lo cita, en los procesos de nombramiento de organismos institucionales como el Tribunal Constitucional.

Hasta hace poco parecía existir consenso entre los dos grandes partidos sobre el papel esencial de la reforma del Senado como fórmula para remediar esas deficiencias. Pero Aznar, que fue su adalid, considera ahora tal reforma una frivolidad o algo peor. Los socialistas defienden una reforma consensuada del Senado (y, por tanto, de la Constitución) en términos no muy diferentes a los que el Partido Popular propugnaba a mediados de los años noventa. Y, hasta que tal reforma entre en vigor, medidas que garanticen ya la partipación de las comunidades en las delegaciones de España en los consejos europeos en que se discutan cuestiones que afecten a sus competencias exclusivas. Se echa en falta una mención a la posible incidencia de la naciente Constitución de la UE en esa cuestión.

La parte más polémica del documento es la relativa a las reformas de los estatutos. De entrada se fijan algunos criterios: que la reforma se adecue a la Constitución y sus valores, que cuente con un amplio consenso (en la comunidad y en las Cortes) y que se justifique por necesidades constatables (y no sólo por no ser menos). Son principios que, de entrada, dejan fuera proyectos soberanistas como el de Ibarretxe, aunque no aclaran si amparan propuestas de ampliación competencial justificadas en nombre de la profundización del autogobierno. Pero los socialistas ya tienen una base para plantear una alternativa propia.