¿Hay que disolver la Fiscalía?

Hace ya seis años -agosto 1997- que se registraron las primeras denuncias por presuntos delitos urbanísticos en Marbella.

Desde entonces, me consta, se han formulado denuncias por obstaculización de la tarea de órganos constitucionales como la Cámara de Cuentas, presuntos cohechos, tráficos de influencias, malversación, prevaricación y otros delitos que pueden cometer autoridades y funcionarios públicos tipificados en el Código Penal de 1995, además de los presuntos delitos electorales que se denunciaron en las elecciones municipales de 1999.

Durante estos años me he quedado perpleja de los archivos que el Ministerio Fiscal ha acordado de diligencias informativas y de los que ha solicitado ante los Tribunales y Juzgados.

Hasta ahora, para la Fiscalía el delito urbanístico debió ser un delito demagógico

Es inexplicable que la Fiscalía actúe cuando la 'noticia criminis' llega a través de la telebasura

La perplejidad viene por mi condición de abogada y, por tanto, conocer que entre los sujetos que intervienen directa o indirectamente en todo proceso penal, el que cobra un singular papel en el ordenamiento jurídico español es el Ministerio Fiscal, órgano público instituido por el Estado para el ejercicio del ius puniendi.

Para que se abra un proceso y se dicte sentencia es preciso que exista una acusación formulada por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular -en el ejercicio de la acción pública que reconoce el artículo 125 de la Constitución Española (CE) y el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- y habiéndose adherido el Fiscal a la petición de la defensa de los concejales del GIL a que se exigiera fianza a Los Verdes para intervenir en el proceso, se nos ha apartado de todas las diligencias penales. Muerto el perro, muerta la rabia.

Aprendí que al Ministerio Fiscal se le atribuye un significativo protagonismo a través del ejercicio de la acción penal en defensa de los intereses de la colectividad y que el artículo 124,1 de la CE dispone que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

El comportamiento del GIL desde 1991 ha plasmado una lesión a la Administración Pública, pues el correcto funcionamiento de ésta exige el respeto del principio de legalidad en el desempeño de la función pública al que, según el artículo 103 de la CE, está sujeta la actuación administrativa de un Estado social, democrático y de derecho.

Lo que ha ocurrido en Marbella desde 1991 ha supuesto un evidente apartamiento de la legalidad.

La existencia de fenómenos de naturaleza especulativa sobre el suelo y el surgimiento de auténticas aberraciones urbanísticas contraviniendo las disposiciones administrativas reguladoras de la materia debió dar lugar a que de oficio se iniciara una investigación pero -hasta ahora- para la Fiscalia el delito urbanístico debió ser un delito demagógico.

Por ello, de los últimos acontecimientos de este verano el más inexplicable ha sido la incoación de diligencias contra Jesús Gil y Julián Muñoz por presuntos delitos de malversación, cohecho, trafico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio por las acusaciones que se hicieron en un programa llamado "salsa rosa".

La Fiscalia ha solicitado una copia del programa y tiene la intención de esclarecer la mayoría de los asuntos que se abordaron en ese programa.

La telebasura ha modificado, por tanto, nuestras leyes y ahora la Fiscalia actúa cuando la notitia criminis les llega a través de un programa de Televisión y no a través de denuncias registradas en cumplimiento de la obligación que la ley nos impone a los ciudadanos.

Sospecho que esas denuncias eran consideradas como un arma arrojadiza para unos Tribunales y una Fiscalia cuyos miembros carecen de preparación y de la experiencia necesaria para haber valorado con exactitud el complejo mundo del urbanismo y la corrupción que el mismo puede encerrar por los cuantiosos intereses económicos de los actores que intervienen en él.

De esa carencia, el exceso de confianza que demostró Gil cuando acudió a declarar ante el Fiscal el día 8 de agosto con la camisa abierta, abanicándose y la tripa desparramada por el Palacio de Justicia, demostrando estar convencido de que todo le sería favorable, porque en caso contrario la foto hubiera sido otra.

Tan insólita foto me recordó una de mis últimas asistencias en el Juzgado de Guardia en el que el juez advirtió a un detenido -toxicómano, víctima y enfermo- que no debía declarar con las piernas cruzadas pues no eran formas de comparecer ante una autoridad, así como aquella otra situación en la que a un letrado le fue exigida la corbata negra o, a un cliente mio que no lo dejaron entrar con bermudas a hacer una gestión -pese a que está de muy buen ver-.

Si alguien dijo "en mayor o menor medida la clase política está triturando ilusiones", se puede afirmar que la Fiscalia y los Tribunales de Justicia están triturando la confianza de la ciudadanía.

Castilla del Pino, en su obra Teoría de los sentimientos, describe el comienzo de la esquizofrenia como un sentimiento de perplejidad, la entrada en un mundo en el que acontecen cosas ininteligibles; el sentimiento de pánico, el estupor ante lo sorprendente, lo extraordinario, lo inexplicable, sin saber qué hacer ni saber qué decir, y que nos lleva a deambular buscando indicios que puedan precisarnos la significación de una realidad transformada o nueva.

A estas alturas del mes de agosto, me siento identificada con Panero, ese poeta con diagnóstico de esquizofrenia, cuando decía: "escribir, delirar y soñar es la única defensa".

Y, en el delirio, me pregunto si no cabe la disolución de la Fiscalia.

Inmaculada Gálvez es diputada en el Parlamento de Andalucía del Grupo Socialista.