"El cambio de las parcelas no es ilegal"

El ex socialista José Hernández Albarracín gobernó el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) entre 1991 y 2003 con mayoría absoluta. Ahora se enfrenta a la comisión de investigación sobre el proyecto adjudicado a Punta Umbría Turística.

P. ¿Qué relación mantiene usted con el proyecto?

R. Ahora ninguna. Mi relación se circunscribe únicamente a mi cargo como alcalde de Punta Umbría durante 12 años y a ser el máximo responsable de lograr desbloquear el anterior proyecto turístico. Conseguí alcanzar un acuerdo para reubicar los terrenos del anterior plan a fin de buscar una zona que yo consideré que era más beneficiosa desde el punto de vista turístico para la materialización del proyecto. Mi relación se ciñe al pasado. En la actualidad, sigo el proyecto desde lejos, como cualquier ciudadano, teniendo en cuenta los avatares de la comisión de investigación.

P. ¿Por qué se realizó ese cambio de residencial a residencial turístico en esa parcela del SAPU 3 y 4?

R. Desde el punto de vista político, se trata de confundir la globalidad del proyecto turístico con la urbanización del SAPU 3 y 4 [Suelo Apto Para Urbanizar]. Y son cuestiones diferentes aunque mantengan indirectamente alguna relación. El equipo de Gobierno anterior adjudicó el SAPU 3 y 4 a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y se empezó a urbanizar. Una vez que se iniciaron las obras consideramos que, de acuerdo con unos estudios y análisis previos, en esos terrenos había que realizar una modificación. El SAPU 3 y 4 contemplaba la venta de unas parcelas para un centro comercial, apartamentos turísticos, una parcela para hoteles, una zona dotacional y una parcela para residencial a fin de construir viviendas unifamiliares. Entonces estimamos que esa parcela prevista para unifamiliares debía sufrir una modificación, ya que de lo contrario su destino serían segundas residencias y no generaría riqueza y empleo en la localidad. Llegamos a la conclusión, después de preguntar a nuestros técnicos, que lo mejor era crear un complejo de villas turísticas. Esa es la modificación. Otra cosa es el proyecto turístico. El cambio del SAPU 3 y 4 no tiene ninguna ilegalidad. En todo caso podría haber existido alguna irregularidad administrativa, pero eso siempre es corregible porque hasta ahora no se ha hecho nada. Si el actual alcalde considera que esa modificación que pretendimos hacer no debía realizarse, que no la haga. Simplemente eso.

P. ¿Mintió usted cuando aseguró que tenía un acuerdo con la Junta?

R. Nunca he dicho que hubiera consenso en la venta de la RT1 [Una zona del SAPU considerada Residencial Turística] ni que hubiera consenso con la Consejería de Gobernación. Nosotros intentamos realizar la venta mediante un procedimiento negociado que fue denegado por la Junta, pero que en última instancia acatamos las directrices de la Administración autonómica en la que se nos decía que había otros procedimientos como el de adscribir esa parcela a la Sociedad Municipal del Suelo mediante un incremento del capital; y eso fue lo que hicimos constar en el recurso de alzada que remitimos a la Junta.

P. Entonces, cuando usted habla de acuerdo con la Junta ¿a qué acuerdo se refiere?

R. Al consenso alcanzado con la Junta para reubicar los terrenos del nuevo proyecto turístico. En mi cargo como alcalde llegué a un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente y con la de Obras Públicas en aras de desbloquear el anterior proyecto. Fue un consenso para planificar dónde iría el campo de golf. El SAPU 3 y 4 quedó desierto. Ese acuerdo de reubicación consta en un acta del expediente firmado por el delegado de Medio Ambiente en Huelva y Punta Umbría Turística. Todos coincidíamos en el modo de reubicar el proyecto turístico, pero a cambio de unas premisas. El Ayuntamiento retiraría los recursos interpuestos por el anterior plan que paralizó la Junta y ésta aprobaría las normas subsidiarias una vez que se plasmara el proyecto en el nuevo territorio. La empresa Punta Umbría Turística requería que se le reconocieran los derechos del anterior proyecto.

P. ¿Concedió un trato privilegiado a Punta Umbría Turística?

R. En absoluto. Cuando definimos el nuevo proyecto, a mí, como alcalde, me surgen dudas sobre si efectivamente a esa empresa había que reconocerle los derechos. Entonces solicité a mi secretario que me elaborara un informe. Hay dos informes en los que se argumenta el motivo por el que Punta Umbría Turística tiene los derechos reconocidos por el anterior proyecto. Yo no he mentido. Es más, considero que fue un acuerdo municipal extraordinario que en su día lo califiqué de marco. Para enmarcarlo, vamos. Ése es el principio por el que se desbloquea el proyecto. La empresa en un principio reclamaba los terrenos originales y sin embargo lo aceptó. Siempre he expresado la magnífica predisposición de la empresa a aceptar lo que nosotros le ofrecíamos.

P. ¿Por qué tanta prisa a la hora de culminar el proyecto?

R. Prisa, en absoluto. Los contactos con la Junta comenzaron en 2000 y hasta primeros de 2003 no alcanzamos acuerdos. Creo que ha transcurrido bastante tiempo. Prisas, si se refiere a los últimos meses, posiblemente sí, pero ocurrió igual con la compra de la canoa de Punta Umbría, la inauguración del Museo de los Ingleses y con todos los proyectos que quise culminar en mi legislatura. Tenía ilusión por dejar asentados los pilares de un proyecto basado en el desarrollo sostenible y de generación de empleo para mi pueblo. Aceleré a última hora para culminar mi gestión.