Sólo 5 municipios de los 135 con riesgo alto y medio de inundaciones tienen plan homologado

La Comunidad Valenciana tiene identificados 135 municipios como de alto y medio riesgo de sufrir graves inundaciones. Sólo cinco ayuntamientos, según fuentes de la dirección general de Interior, tienen los planes de actuación en caso de emergencia homologados tal como establecía la norma de 1996, su posterior modificación en 1999 y la Ley de Emergencias de 2002. Según la oposición, un centenar tiene planes que no han sido actualizados desde 1991. Interior y la Delegación de Gobierno desconocen el detalle de las actuaciones posibles de los consistorios con mayor riesgo.

Luis Ibáñez, director general de Interior, precisó ayer que "el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos de alto y medio riesgo de sufrir importantes inundaciones no tengan planes homologados no significa que no tengan su propio plan, lo que supone es que no es coincidente con las directrices que marca la ley y desde la Generalitat se recomienda que sí lo sean". Pero la Generalitat tiene potestad para mucho más que recomendar, es en las Cortes donde, después de un agrio, largo y polémico debate se aprobó en 2002 la Ley de Emergencias, que establece claramente cómo debe ser el plan de emergencias de las localidades con grave riesgo de sufrir inundaciones.

Víctor Campos, consejero de Justicia, de quien depende la dirección general de Interior, y Fernando de Rosa, secretario autonómico de Justicia e Interior, presentaron ayer un balance provisional de la campaña de incendios -que calificaron con prudencia de "buena"- y de las acciones de prevención ante las previsibles intensas lluvias para los próximos meses. Además de insistir en la habitual comparación de hectáreas quemadas entre 1990 y 1994 -bajo gobierno socialista- que fueron 240.540 y las calcinadas desde 1996 hasta el 15 de agosto de 2003, cuya cifra es de casi 24.000, Campos no entró en especificar circunstancias naturales o técnicas específicas y evitó pronunciarse sobre las posibles carencias a las que se enfrentan determinadas localidades del territorio valenciano ante el riesgo de inundaciones. De hecho, según fuentes de Justicia, no existe como tal un organismo único que coordine las infraestructuras que deben realizarse para amortiguar dichos riesgos o donde actuar si detectan nuevos puntos. Entre Obras Públicas por un lado, Territorio y Vivienda por otro, Justicia por la parte de Interior y Delegación de Gobierno, que reconoció ayer no tener los datos de los ayuntamientos cuyos planes de emergencia se ajustan a la Ley de la Generalitat y controlar, en su caso, las urgencias que se susciten por rotura de pantanos supervisan parcialmente un escenario de alto riesgo. A ello se añade que, como reconoce Ibáñez, hay ayuntamientos que tienen planes que no han pasado por la comisión nacional que conoce de los planes de emergencias. "Es una cuestión de cultura. Mi compromiso es extender en esta legislatura una forma responsable y prioritaria de entender la prevención".