El Senado argentino autoriza al Gobierno a actualizar las tarifas de los servicios públicos

El Senado argentino aprobó ayer un proyecto que permite al Gobierno revisar los 61 contratos de concesión de servicios públicos y, si corresponde, ordenar un aumento de tarifas. Las empresas involucradas estiman en unos 3.000 millones de dólares las pérdidas sufridas desde enero de 2002, cuando se derogó la Ley de Convertibilidad que imponía la paridad uno a uno del peso con el dólar.

Desde entonces, las compañías cobran sus facturas en pesos, no pueden aumentar las tarifas debido a las cláusulas establecidas en los contratos originales, y deben pagar sus deudas anteriores en dólares, además de reponer insumos importados también a valor dólar.

El proyecto debe ser ahora aprobado por la Cámara de los Diputados. El Ejecutivo intentó aumentar dos veces por decreto las tarifas de los servicios de luz y gas en un 9% y un 7%, respectivamente, pero la Defensora del Pueblo de Buenos Aires y el Defensor del Pueblo de la Nación presentaron recursos de amparo ante los tribunales. La subida de las tarifas fue suspendida por los tribunales que impiden hasta ahora al Ejecutivo tomar esas decisiones.

Una comisión encabezada por los ministros de Economía y de Planificación Federal va a estudiar los 61 contratos de concesión de servicios públicos a empresas privadas, que incluyen entre otros los de telefonía, electricidad, agua y gas a cargo empresas españolas o de sociedades de las que participan capitales españoles.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anticipó que la revisión y renegociación de los términos se hará "a la luz de su impacto sobre la economía, la distribución del ingreso, la calidad del servicio, el acceso de la gente a la prestación y el cumplimiento de los planes de inversión", entre otros.

El Ejecutivo corre contrarreloj. En las próximas dos semanas deberá contar con varias reformas para que el FMI no demore la firma del acuerdo que le permitiría aplazar el pago de deudas por 12.500 millones de dólares. El 9 de septiembre Argentina debe afrontar pagos por 2.900 millones de dólares. El Gobierno de Kirchner por lo menos ha recibido una buena noticia. La agencia Moody´s ha elevado la calificación crediticia del país.