El Gobierno italiano prohíbe por decreto a los equipos recurrir a la justicia ordinaria

El calcio mueve montañas. Sólo así se comprende que el primer ministro italiano, el magnate Silvio Berlusconi, haya tenido que interrumpir sus vacaciones en Cerdeña para poner orden en el campeonato más enloquecido del mundo. Gracias a su intervención personal, el Consejo de Ministros aprobó ayer un extraño decreto que impedirá en el futuro a los clubes recurrir a la Justicia ordinaria para resolver asuntos deportivos. Al mismo tiempo, la federación nacional aceptó ampliar el número de los equipos que juegan en la Segunda División para incluir a varios que habían descendido y fueron readmitidos ya por los tribunales ante sus recursos por diferentes causas.

El decreto salva-calcio, rebautizado como anti-TAR, en referencia a los Tribunales Administrativos Regionales, permitirá, según los más optimistas, que la Liga se inicie con normalidad el próximo día 31, algo que habría sido imposible sin la draconiana medida porque, desde el final de la pasada, el calcio había entrado en una espiral que daba a los tribunales civiles la última palabra incluso sobre los ascensos y los descensos. El Gobierno ha vetado ahora ese camino, al menos mientras la justicia deportiva no se haya pronunciado, caso en el que sólo el TAR del Lacio será competente.

La rebeldía del Catania

La paz llega tras la revolución desatada por un club de la Segunda División, el Catania, que recurrió ante los tribunales de Sicilia su descenso a Tercera alegando, entre otras razones, alineaciones indebidas en algún rival. El asunto fue un reactivo gigantesco que empujó a otros en parecida situación a ir también a los jueces regionales, que les dieron la razón.

La maraña de recursos y contrarrecursos destapó comportamientos turbios en el calcio. Se descubrió, por ejemplo, que al menos dos equipos, el Roma, de la Primera División, y el Nápoles, de la Segunda, han conseguido ser inscritos en el campeonato 2003-04 gracias a avales bancarios falsos. Así las cosas, y mientras los directivos de las entidades afectadas aseguraban haber sido engañados por la financiera intermediaria SBC, la justicia colocaba al Catania en Segunda a costa del Nápoles.

El terror se apoderó entonces de políticos locales y autoridades deportivas. Unos y otras temían lo peor. Es decir, imaginaban ya a los tifosi napolitanos quemando la ciudad. Ello fue lo que decidió al Gobierno a intervenir.

La solución ha sido un compromiso a la italiana. Por un lado, se impide a los equipos recurrir a los tribunales, pero, al mismo tiempo, se aceptan las sentencias ya pronunciadas, de forma que el Catania se quedará en Segunda, pero no en detrimento del Nápoles. ¿La solución? Ampliar el número de los equipos de la Serie B, que pasará de 20 a una cifra no precisada entre los 21 y los 24. Otro tanto podría ocurrir en Primera, ya que el Atalanta reclama el puesto del Roma, admitido ilegalmente en el torneo.