Imaz reclama a los jueces que se pongan de acuerdo sobre las manifestaciones

El portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, lamentó ayer que la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior vasco mantengan criterios opuestos sobre la prohibición o autorización de las manifestaciones de la izquierda abertzale, lo que, a su juicio, convierte al Departamento de Interior en un "pim, pam, pum" en medio de ambas instancias judiciales. Imaz también calificó de "auténtica farsa" la polémica suscitada por la querella de la Fiscalía General contra tres miembros de la Mesa del Parlamento y acusó al PP de "engañar y manipular" a la ciudadanía.

La polémica suscitada en los últimos días por la celebración de manifestaciones de la izquierda abertzale llevó a Imaz a criticar las diferencias de criterio que, a su entender, mantienen las instancias judiciales al autorizar o prohibir dichas protestas, convocadas formalmente por partciulares, pero respaldadas por la ilegalizada Batasuna. El protavoz se refirió en concreto, durante una rueda de prensa en San Sebastián, a los criterios "contrapuestos" que han mantenido la Audiencia Nacional y el Superior en esta materia y que han convertido a Interior en "una especie de pim, pam, pum que está en medio de dos instancias jurídicas".

Interior respaldó con autos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón su decisión de prohibir la manifestación del pasado día 10 en San Sebastián, que el Superior autorizó luego y concluyó con la quema de una bandera española entre gritos de apoyo a ETA.

El departamento volvió a aducir los autos de Garzón para basar su prohibición de la nueva marcha abertzale del pasado viernes en el día grande de las fiestas donostiarras. Esa insistencia le fue explícitamente reprochada por la fiscal. El Superior rechazó el recurso contra la prohibición y avaló el veto del acto, convocado en defensa de la ikurriña, al argumentar en detalle la consejería la posibilidad de que se produjesen incidentes.

Imaz afirmó ayer que "la doctrina jurídica que está siguiendo la Audiencia Nacional es exactamente la opuesta" a la del Superior, por lo que reclamó que ambos órganos judiciales actúen con "responsablidad" y "se pongan de acuerdo". El portavoz salía así en defensa de la actuación de la Ertzaintza, que el viernes permitió que la celebración del acto en la plaza de la Constitución donostiarra tras impedir su desarrollo en el sitio planteado por los convocantes, distante apenas 200 metros.El Gobierno estima que esta situación ha sido propiciada por la descoordinación judicial, pese a lo cual Interior "cumplirá la ley" y la Ertzaintza hará "respetar el derecho de manifestación", añadió Imaz sobre la nueva marcha convocada en Bilbao por la izquierda abertzale para el viernes, día grande de la Aste Nagusia.

"Interior seguirá los pasos que marquen las instancias judiciales", dijo Imaz, quien insistió en que "aquel que tiene que marcar las decisiones judiciales debe tener criterios únicos". La consejería no se pronunció ayer sobre si piensa prohibir esta nueva convocatoria.

Respecto a las querellas de la Fiscalía General del Estado y el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Parlamento, el peneuvista Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr (de EA) y Kontxi Bilbao (IU) por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna, Imaz dijo que todo el caso es una "auténtica farsa de arriba abajo". Acusó al presidente del Gobierno central, José María Aznar y al PP de tratar de "engañar y manipular a la opinión pública".

El portavoz criticó al PP por considerar a los siete parlamentarios de Batasuna como miembros de ETA, pero dejarles "continuar en el Parlamento". "Sin son ETA", se preguntó el consejero, "¿cómo permiten que anden con normalidad por el Parlamento y propugnan que pasen al Grupo Mixto y sigan siendo parlamentarios con los mismos derechos?"

A juicio de Imaz, Atutxa está manteniendo "la dignidad del Parlamento" con sus decisiones y le ha tocado "liderar la defensa de la dignidad de las instituciones democráticas vascas frente a quienes quieren vulnerar las instituciones y el Estado de Derecho y se sirven de la justicia en la medida en que sirve a sus intereses políticos".

Atutxa, Knörr y Bilbao presentaron ayer una demanda contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de disolver la primera Sala de la Discordia del Superior. A finales del pasado julio, estos tres miembros de la Mesa recurrieron el acuerdo del CGPJ de disolver la primera Sala de la Discordia, que debía decidir si admitía a trámite las querellas contra ellos, recurso que fue rechazado por el Tribunal Supremo.