Marbella, una disolución sin precedentes

En 25 años de democracia, el Gobierno no se ha planteado la disolucíon de ningún ayuntamiento, ni tan siquiera de aquellos municipios vascos que han apoyado de forma más o menos explícita a ETA. Ahora, la moción que derribó el pasado miércoles al alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha llevado a IU y PSOE a plantear con fuerza estrenar este mecanismo. Una medida polémica que divide incluso a los expertos juristas.

Desde que se aprobó la Constitución (1978) ningún gobierno local ha sido disuelto por el Gobierno. El último precedente es de 1977, cuando en aplicación de la normativa franquista el Ministerio de la Gobernación confirmó la disolución del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya). En la actualidad, la posibilidad de disolver un ayuntamiento está regulada en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), aprobada en 1985.

Marc Carrillo cree que el transfuguismo del Gobierno municipal justifica la disolución

El artículo 61 de esta norma señala que el Consejo de Ministros, "previo acuerdo favorable del Senado", podrá proceder a la disolución de un ayuntamiento "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". La iniciativa para activar este mecanismo es del Gobierno autonómico afectado o del Consejo de Ministros, que puede llegar a ejecutar esta drástica medida, aunque el Gobierno autonómico no esté de acuerdo.

Este artículo de la ley, al que se añadió a principios de año un párrafo en el que se considera supuesto de disolución que un municipio dé "cobertura o apoyo" al terrorismo", ha sido mentado en multitud de ocasiones, pero casi nunca se ha intentado formalmente su aplicación. De hecho, sólo hay registrada una ocasión, en 1990, en la que la Xunta de Galicia pidió al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Cangas de Morrazo, pero el Ejecutivo ni siquiera pidió autorización al Senado.

Respecto a Marbella, el único partido que ha solicitado reiteradamente la disolución del Ayuntamiento desde que lo gobierna el GIL (1991) es IU que no tiene representación en el consistorio. En 2001, su grupo parlamentario propuso sin éxito a la Cámara autonómica que instara a la Junta de Andalucía a activar la disolución. En 2002, cuando el Supremo inhabilitó a Jesús Gil por el caso de las camisetas, los servicios jurídicos autonómicos estudiaron la posibilidad, pero la desecharon.

Un año después, al día siguiente del pleno en el que Julián Muñoz fue descabalgado de la alcaldía, IU volvió a presentar otra propuesta en la Cámara autonómica para la que espera un mayor respaldo. "En Marbella se saquean miles de millones, se dan licencias a cientos sin ajustarse a derecho, ilegales, se roba y se atenta contra el interés general... ¿y no se interviene?", argumentó su portavoz parlamentario, Antonio Romero.

La posibilidad de disolver en este momento el Ayuntamiento de Marbella fue acogida al principio con cautela por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Gobernación, Alfonso Perales, explicó que el Ejecutivo andaluz sólo debe solicitar la medida "si el ayuntamiento no pudiera garantizar la prestación de los servicios básicos en el municipio", hecho que hasta ahora no ha ocurrido.

"Una posibilidad"

Tres días antes de la moción, el presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, indicaba que era "una posibilidad". Tras la moción, el PSOE andaluz defiende que "nueve años de insumisión" a la legalidad urbanística es motivo suficiente para pensar seriamente en esa posibilidad. El PP, indispensable para que la iniciativa prospere, prefiere esperar a comprobar si el ayuntamiento que ahora dirige Marisol Yagüe daña los intereses generales, como exige la ley.

La aplicación en Marbella del mecanismo de disolución que prevé la LBRL origina disparidad de opiniones entre los expertos juristas. Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, considera que "el incumplimiento generalizado y reiterado de la legislación urbanística supone una lesión grave a los intereses generales de la población de Marbella" y que "costará años" la reparación del "nivel de endeudamiento constatado", unos 420 millones de euros. Carrillo defiende que "el caso de Marbella no es un supuesto de gestión inadecuada de los intereses del municipio", sino un incumplimiento "generalizado y prolongado de una de sus obligaciones constitucionales, la sujeción de su actuación a la ley".

El catedrático de la Pompeu Fabra cree que la formación del nuevo Consistorio es un elemento más que justifica la disolución. "La representación de la corporación, con una mayoría integrada en su totalidad por concejales tránsfugas de tres partidos, no puede basarse en un trasvase y mutación de voluntades tan generalizados y de orígenes tan espurios, dos meses después de renovarse el mandato electoral", argumenta.

Agustín Ruiz Robledo, profesor de Constitucional en la Universidad de Granada, mantiene también que el Ayuntamiento de Marbella ha hecho méritos suficientes para ser la primera corporación disuelta. "La disolución era perfectamente factible", dice Ruiz Robledo, quien se pregunta: "¿Si no se aplicó la ley en este caso, cuándo si no?". Y enumera las razones: "Un alcalde condenado a 28 años de inhabilitación, ocho concejales imputados por delitos relacionados con su gestión, 300 licencias urbanísticas impugnadas por la Junta, un informe de la Cámara de Cuentas repleto de incumplimientos legales, un archivo municipal en casa del alcalde, diez años con un secretario y un interventor que no pertenecen al cuerpo nacional de funcionarios, 420 millones de deuda...".

Sin embargo, Ruiz Robledo cree que la posibilidad de una disolución del nuevo gobierno local es "jurídicamente débil". "Siempre pueden esgrimir que no son responsables de actuaciones precedentes, habría que esperar a ver cuál es su actuación". El jurista de la Universidad de Granada recalca que hay "muchos menos motivos para la disolución esta semana que la semana pasada", cuando el ayuntamiento estaba dirigido sólo por el GIL y por Julián Muñoz, imputado y teniente de alcalde de Gil durante varios años.

El catedrático de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, comparte con Ruiz Robledo que la disolución de un ayuntamiento no puede considerarse en el "punto de partida" del nuevo gobierno local, sino que debe ser "el punto de llegada" de un proceso en el que se acrediten el daño a los intereses generales. Pérez Royo va más lejos aún. Mantiene que la "arquitectura" del artículo incluido en la LBRL, muy similar a la del 155 de la Constitución sobre los incumplimientos de un Gobierno autonómico, sólo permite la disolución cuando la gestión de un ayuntamiento "impida la prestación de servicios públicos esenciales".

Perez Royo estima que la desobediencia urbanística del Ayuntamiento de Marbella no es "un supuesto de disolución", una medida extraordinaria habida cuenta del amparo constitucional a la autonomía de las Administraciones. "Las diferencias entre Administraciones, los posibles incumplimientos de la legalidad urbanística corresponde dirimirlos a los tribunales de Justicia".