La amalgama de tránsfugas de Marbella crea una confusión jurídica en el Ayuntamiento

La peculiar composición política que ha quedado en el Ayuntamiento de Marbella a resultas de la moción de censura contra Julián Muñoz, con una amalgama de tránsfugas y un grupo mixto mayoritario, plantea una confusión jurídica sobre la organización y funcionamiento del Consistorio. La inexistencia de un Reglamento Orgánico Municipal (ROM), del que están dotados otros ayuntamientos, obliga a que los propios grupos deban pactar cuestiones esenciales como la composición y representatividad en los órganos de gobierno y sociedades municipales, las portavocías, o el régimen de retribuciones.

Todo el organigrama resultante de las elecciones municipales celebradas hace menos de tres meses ha saltado por los aires en Marbella. La composición de las comisiones informativas, de los consejos de administración y rectores de las sociedades municipales y de los órganos autónomos se determina en virtud de la representatividad que los grupos tienen en el pleno.

El problema es que en Marbella ni siquiera está claro cuántos grupos municipales hay, toda vez que uno de los 15 concejales que tenía el Grupo Independiente Liberal (GIL), Rafael González, insiste en no abandonar la formación que, pese a los anuncios de su fundador, Jesús Gil, no está formalmente disuelta.

Gil ha enviado un escrito al Ministerio del Interior en el que solicita que se dé de baja al GIL en el registro de partidos y asociaciones, pero el fundador no está facultado para ello, sino que debe ser una asamblea de militantes la que acuerde la disolución, que presumiblemente se convocará en septiembre.

La confusión ya quedó de manifiesto en el mismo pleno en el que se debatió la moción de censura, en el que Isabel García Marcos, expulsada provisionalmente del PSOE, y Silvestre Puertas, militante con todos los derechos pujaron por ser portavoces del grupo municipal socialista; Rafael González se invocó la portavocía del GIL; y Alberto García la del grupo de concejales afines a Muñoz. La mesa de edad que presidió la sesión optó por dar la palabra a todos, pero esto no podrá ser así en el futuro.

La ley que regula el funcionamiento de los ayuntamientos no prevé la posibilidad de que se puedan constituir nuevos grupos y, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, no atribuye derechos a los distintos componentes del grupo mixto para disfrutar de representatividad o portavocías diferenciadas.

El grupo político que resultó mayoritario tras las elecciones en Marbella, el GIL, con 15 concejales, ha desaparecido o, en todo caso, cuenta con un edil. Al GIL le correspondían hasta ahora cinco concejales en las comisiones informativas, en las que el PSOE contaba con dos representantes, y PP y PA con uno cada uno.

La carrera de transfuguismo producida en Marbella ha provocado una situación singularísima en la que el grupo mixto es el mayoritario de la Corporación, con nada menos que 17 de los 27 ediles que la componen. A ellos podían aún sumarse los tres concejales del PA si la dirección del partido, que los ha expedientado por su apoyo a la moción, decide expulsarlos o suspenderlos de militancia.

Pero el grupo mixto a su vez es una amalgama en la que conviven, y teóricamente están llamados a entenderse, los ganadores y derrocados en la moción de censura: los seis concejales procedentes del GIL leales al ex alcalde Julián Muñoz, los ocho gilistas que le retiraron su apoyo y los tres ediles expulsados del PSOE por su apoyo a la moción de censura. Teóricamente, a este grupo le corresponde un sólo portavoz y la representación mayoritaria en las comisiones informativas y otros organismos. Según fuentes consultadas, la determinación del nuevo esquema de organización debería ser determinada mediante un acuerdo político entre todos los grupos y, en ese caso, cabría, por voluntad de todos ellos, una portavocía compartida.

El pacto para la moción de censura preveía que los firmantes se repartían su representatividad en comisiones y consejos de administración con tres ediles para los ex gilistas, dos para los expulsados del PSOE y uno para el PA.

Cada grupo político tiene derecho en Marbella a una asignación para funcionamiento de 3.005 euros mensuales, más otros 780 por concejal, además de la adscripción de personal administrativo y técnico.

Si antes el segundo grupo de la corporación era el PSOE, con cinco concejales, ahora lo es el PP -única formación que se mantiene inalterada-, con cuatro. Los socialistas quedarían con los dos ediles que retiraron su firma de la moción de censura.