La hora de la responsabilidad

Marbella ha entrado en una situación de difícil retorno. Si ya en los últimos años Marbella era más conocida por sus escándalos urbanísticos y los problemas judiciales de sus máximos representantes que por sus excelencias turísticas, la reciente moción de censura, patrocinada por Jesús Gil, constituye una vuelta de tuerca más en el frenesí inmobiliario que rodea a ese incomparable entorno de la Costa del Sol. Por ello, los socialistas andaluces entendemos que en estos momentos se dan las condiciones políticas para proceder a la posible disolución del ayuntamiento.

Es cierto que, hasta ahora, habíamos rechazado esa posibilidad planteada por otras formaciones políticas. Entendíamos que a Gil y a todo su emporio tenían que ser derrotados en las urnas. En cambio, hoy tenemos sobre la mesa nuevos elementos que nos hacen ver la necesidad de acometer una medida tan drástica y extraordinaria como ésta. La ruptura del Grupo Independiente Liberal (GIL), el apoyo en tránsfugas del PSOE y el PA -ya se verá si la dirección andalucista cumple con su compromiso de expulsión de sus tres concejales díscolos- y, sobre todo, la lucha ya no soterrada sino explícita por el control urbanístico de la ciudad son nuevos datos que obligan a todos los partidos democráticos, sin excepción, a tomar cartas en el asunto.

Jesús Gil fundó el GIL y, como Cronos, ha acabado devorando a sus propios hijos, aunque la imagen de Marbella supera en patetismo al fantasmal cuadro de Goya. El ex alcalde de Marbella, pese a su condena por sus trapicheos con los fondos públicos que lo descabalgó del sillón municipal, ha seguido en la sombra moviendo los hilos del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Por ese motivo, cuando Julián Muñoz, su sucesor en el puesto, decide cambiar la línea política de enfrentamiento frontal contra la Junta, Gil pone en marcha la moción de censura.

La rectificación de Julián Muñoz y la propuesta de apertura de un proceso de diálogo con la Administración andaluza abre un nuevo horizonte que se visualiza con la destitución de Roca, hombre de confianza del ex presidente del Atlético de Madrid, al frente de la Gerencia de Urbanismo. Este gesto desató la caja de los truenos en el seno de la asociación de intereses sobre la que surgió el GIL. A instancias de su jefe, Roca urde la operación política y negocia a tres bandas con los concejales de PSOE, PP y PA hasta conseguir los votos suficientes para sumar a los ocho fieles a Jesús Gil. Desde el miércoles, Marbella tiene una nueva corporación (de títeres) en manos de un patrón de sobras conocido que hace y deshace a su antojo. El riesgo de tener a Jesús Gil con el bastón de mando hace necesaria una respuesta democrática sin ambages.

La disolución de un ayuntamiento es posible de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Régimen Local. Si una corporación actúa en contra de los intereses de los ciudadanos a los que representa o contra los pilares sobre los que se sustenta la Constitución, el Gobierno de la nación, a instancias de la Administración autonómica, puede adoptar esta medida. El Ayuntamiento de Marbella se ha caracterizado por su actitud de insumisión a la Ley y, precisamente ahora, cuando se estaba produciendo un giro sustancial, se produce otro golpe de mano con fines espurios. Jesús Gil y su escuela de gestores del ladrillo y el hormigón no cumplen la Ley del Suelo, se saltan a la torera las recomendaciones de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de los fondos públicos, han firmado 300 convenios urbanísticos al margen de la legislación vigente... Hay, por consiguiente, base jurídica para proceder a la disolución del consistorio, especialmente, con el currículum que presenta Jesús Gil después de sus muchos años de gobierno en la ciudad costasoleña.

Es la hora de la responsabilidad de todas las fuerzas democráticas. Así, el PSOE de Andalucía ha propuesto a PP y PA constituir una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo con objeto de constituir la gestora sobre la base de los tres partidos democráticos que obtuvieron representación en las elecciones del 25 de mayo pasado, tal y como prevé la normativa actual. El GIL, además, se ha roto y han surgido dos formaciones políticas con siglas distintas a las que concurrieron a las urnas hace poco más de dos meses.

El PSOE acudirá al encuentro con populares y andalucistas con una oferta abierta: o bien se procede a la disolución inmediata del Ayuntamiento o bien se le concede un margen prudencial de tiempo para observar si el nuevo equipo de gobierno normaliza la situación de ilegalidad urbanística, que tanto perjudica a la población de Marbella. Esta segunda opción quedaría sujeta a tres condiciones: primera, la elaboración un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se ajuste a la ley andaluza y aprobado por los órganos competentes de la Junta de Andalucía; segunda, la no concesión de nuevas licencias que contravengan el PGOU de 1986, que es el vigente, en tanto en cuanto no vea la luz el nuevo; y, tercera, no firmar más convenios urbanísticos y que todos los actuales sean revisados para que se ajusten a la legalidad.

En la búsqueda de soluciones para esta situación de emergencia ha de estar el Partido Popular. El PP no puede seguir escondiéndose como hasta ahora, esperando a ver qué pasa y queriendo pescar en río revuelto. Si los populares no hacen una manifestación pública y notoria de cambio y de implicación en el futuro de Marbella, dará pie a pensar que quieren repetir la misma operación de absorción que ya perpetró el PP con los ediles del GIL en La Línea, San Roque y Estepona. Es decir, llegar a la Alcaldía que le reclamaban a Jesús Gil a cambio de su voto no ya por la puerta de atrás, sino por la gatera. La situación política de Marbella no está como para jugar de farol: se han de adoptar posturas responsables y no anteponer los intereses partidarios. Ya no queda tiempo para sembrar más vientos.

Luis Pizarro Medina es secretario de Organización del PSOE de Andalucía.