Las alegaciones contra el PHN se basan en el daño ecológico

Las alegaciones presentadas al Ministerio de Medio Ambiente por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) contra la declaración de impacto ambiental del trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) hacen hincapié en el daño ecológico que éste produciría en un espacio natural como el delta del Ebro y en la falta de estudios viables, previstos por la ley, sobre alternativas al proyecto de sustracción de agua. La PDE pide que se suspenda la tramitación del proyecto y se abra un periodo de prueba para analizar las posibles consecuencias del trasvase en el tramo final del río.

Las alegaciones, pese a ser fundamentalmente técnicas, se han planteado con una fuerte carga de defensa ecológica y se han obviado aspectos más sociales o económicos. Las objeciones al proyecto redactado por Trasagua, explica el portavoz de la PDE, Manolo Tomàs, "son la base de futuros contenciosos administrativos a los habrá que recurrir si no se les hace caso". Fueron presentadas el pasado 1 de agosto ante el Ministerio de Medio Ambiente, que se comprometió a responder en un plazo de dos meses.

Las alegaciones se inician recordando que el trasvase del Ebro previsto es de 1.050 hectómetros cúbicos al año que serían transportados a 742 kilómetros hacia el sur (el trasvase al Levante español) y a 172 kilómetros hacia el norte (trasvase hacia Barcelona), lo que ya de por sí, según la PDE, "atenta contra la sostenibilidad, el aprovechamiento racional y la garantía a largo plazo de la disponibilidad del recurso [el agua]". Tras asegurar que será el delta del Ebro el tramo más perjudicado, con 32.000 hectáreas, de las que 7.736 son protegidas y en las que viven 40.000 personas de forma permanente, buena parte de las cuales dependen del cultivo del arroz, la PDE plantea una extensa enumeración de las leyes que protegen el espacio, clasificado como parque natural, reserva natural, espacio PEIN y reserva de fauna salvaje.

"Afirmación tendenciosa"

La PDE arremete contra el proyecto redactado por la empresa Trasagua (creada para la realización del trasvase) porque niega la vinculación entre la detracción de agua y la regresión de la costa, el hundimiento de la llanura deltaica y el avance de la cuña salina. "Es una afirmación tendenciosa", aseguran, y añaden que el estudio ambiental obvia el principio de prevención y la conveniencia de no tener que paliar a posteriori los daños causados por una actuación.

La falta de análisis reales de alternativas es un elemento que invalida la tramitación de la declaración de impacto ambiental, a juicio de los antitrasvasistas, y "una infracción directa del ordenamiento comunitario". Entre las alternativas, recuerda la PDE, debería barajarse asimismo "la no ejecución de ningún tipo de transferencia".

Entre la legislación que el plan de Trasagua incumple, según la PDE, se halla la directiva comunitaria referida a hábitats que obliga a los estados miembros "a adoptar medidas apropiadas para evitar en zonas especiales de conservación el deterioro de los hábitats naturales y de especies". A juicio de la PDE, esta normativa es incompatible con la detracción de agua, "con efectos durísimos sobre los ecosistemas fluviales". Asimismo, el plan del Gobierno no respeta la normativa que recoge que "un Estado miembro no está facultado para tener en cuenta las exigencias económicas como constitutivas de un interés general superior a aquel que corresponde al objeto biológico". Además de una lista de aves protegidas que se encuentran en el delta, las alegaciones recuerdan la existencia de la Margaritifera auricularia, un bivalvo de agua dulce cuya única población viable del mundo se encuentra en el tramo final del río.

El principio de precaución, que debería ser axiomático en cualquier plan de impacto ambiental, tampoco se recoge, así como el precepto de que la preservación "no sólo se refiere a medidas activas de protección, sino también a la abstención de iniciativas peligrosas".

Las alegaciones, de 41 folios, concluyen que la propia ley del PHN no considera el trasvase "un elemento urgente e ineludible a efectuar con inmediatez"; que "no todas las inversiones serán recuperadas por los que utilicen el agua, lo que es un punto inadmisible, y se ofrecerá un recurso escaso, como el agua, por debajo de su precio de coste"; que no se ha establecido de forma oficial cuáles son los caudales reales del Ebro, "para evitar manipulaciones", y que en el caso del Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE), el consenso social es nulo.

Entre otros, los efectos del trasvase serán, según las alegaciones, la degradación del sistema y de la dinámica fluvial, la alteración de la calidad del agua, la deficiente aportación de sedimentos, el aumento de la intrusión de agua de mar y la pérdida de productos biológicos en el ecosistema marino (por la falta de aportación del agua del río). La PDE, explica Tomàs, solicita la apertura de un periodo de prueba, durante el cual tanto el ministerio como la plataforma podrían exponer científicamente sus tesis, "pero, pese que está previsto en la ley, creemos que no lo harán porque comportaría un debate técnico del que siempre han huido y retrasaría la tramitación del trasvase", añadió. Según el portavoz, el Gobierno pretende ejecutar el plan "y presentar después una política de hechos consumados".

Las alegaciones técnicas de la PDE se suman a las 40.000 recogidas entre la población catalana y presentadas a finales del mes de julio ante el Ministerio de Medio Ambiente.