Querella por otra presunta estafa inmobiliaria

Una familia de Segovia se ha querellado contra los directivos de una cooperativa de viviendas en Alcorcón por una supuesta estafa similar, en cuanto a su operativa, a la que afecta a las víctimas de la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV). En el caso de Alcorcón, los promotores, supuestamente, han dejado en la estacada a cerca de 30 familias, según explica María C. R. O., una de las víctimas. Ésta asegura que el asunto está en manos de un juez de Madrid. María pagó un anticipo de 18.000 euros por una vivienda y luego resultó que no había suelo para construir.

La querella de María C. O. y su marido, Ricardo D. S., se ha interpuesto contra Miguel P. B., presidente del Consejo Rector de la firma Lisboa, Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas, y contra Rafael V. R., representante de Eurogestión Urbana y Desarrollos, SL. La citada cooperativa recibió dinero de más de medio centenar de personas interesadas en adquirir un piso en las parcelas 19 y 20 del sector 2 de Alcorcón y resulta que los terrenos en los que se iban a levantar las viviendas no les pertenecían. Y, además, tras exigir las víctimas la devolución del dinero, los responsables de la cooperativa les facilitaron pagarés sin fondos o contra números de cuentas corrientes inexistentes, según la denunciante. Las prometidas casas no han llegado a levantarse y los afectados están inmersos en pleitos. "Algunas de las víctimas han recuperado una parte del dinero entregado como anticipo por sus casas, pero unas 30 no", asegura la demandante. "A nosotros nos han provocado un grave problema económico", se lamenta esta mujer, madre de dos hijos.

Caseta de información

En la querella, el matrimonio recuerda que el 28 de febrero de 1997 fueron a Alcorcón y entraron en una caseta de información donde se vendían 52 casas con garaje. El proyecto les convenció y en ese momento entregaron una señal de 600 euros (100.000 pesetas). En la caseta les dieron información escrita, los planos de la futura vivienda y publicidad sobre la ubicación del solar, e incluso pactaron que ellos se quedarían con el piso segundo de uno de los portales previstos. En total, el piso les costaría, IVA incluido, 101.000 euros (casi 17 millones de pesetas).

Semanas después, la familia firmó el contrato de compraventa. En ese documento, según la querella, la empresa indicaba que tenía suscrito un contrato de compraventa del suelo fechado del 7 de noviembre de 1997. Esta cooperativa, según la querella, tenía firmado un contrato de prestación de servicios con la empresa Eurogestión Urbana y Desarrollos, S. L. De ahí que esta familia de Segovia se haya querellado también contra el responsable de la misma, Rafael V. R.

Al tiempo que formalizaba el contrato dando el sí definitivo a la adquisición de la vivienda en Alcorcón, la familia entregó como anticipo una cantidad algo superior a los 18.000 euros. "Eran nuestros ahorros", explica a este periódico María. Tras la entrega de ese anticipo, la familia recibió una carta del consejo rector de la cooperativa informándole de que ya se habían iniciado las obras.

Semanas después, señalan estas víctimas, comenzó a circular el rumor de que era falso que las obras se hubiesen iniciado y de que los terrenos perteneciesen a la cooperativa. Hicieron gestiones en el registro y comprobaron que los terrenos eran en realidad de otra empresa. Y, obviamente, también era falso que hubiesen empezado las obras.

Ante esta situación, María y su marido pidieron la baja en la cooperativa, que se les aceptó, y reclamaron la devolución del dinero. Tras muchos requerimientos, los responsables de la cooperativa les facilitaron tres pagarés por el importe del dinero anticipado. Al tratar de hacer efectivo el primer pagaré, surgió la primera sorpresa: no había fondos. Reclamaron y entonces se les dio un segundo pagaré por importe de 3.600 euros para cobrar el 30 de abril de 2000. La familia aceptó porque la cooperativa se comprometió a asumir los gastos de la inexistencia de fondos en el primer pagaré. Pero con este segundo pagaré ocurrió lo mismo. La familia acudió a la entidad bancaria que se indicaba en el mismo, una oficina de Caja de España, y resulta que ésta llevaba tiempo cerrada. Acudió entonces a otra oficina cercana de la misma entidad y allí se les informó de que la cuenta corriente que figuraba en el pagaré no existía. Las víctimas ni siquiera se molestaron en tratar de cobrar el tercer pagaré.

Los responsables de la cooperativa, para evitar que denunciasen, se comprometieron con esta familia a pagarles mensualmente 600 euros a partir de febrero de 2000. A partir de ese momento pagaron tres meses sueltos, pero luego dejó de llegar el dinero. Este periódico ha intentado, sin éxito, dialogar con los querellados.