El delta del Ebro, en elecciones

El distanciamiento cíclico en periodos electorales entre CiU y PP ha tenido, esta vez, una plasmación concreta en el cisma del consorcio para la protección del delta del Ebro a raíz de la presentación de la propuesta técnica del plan integral para la zona. Mientras la Generalitat tiene previsto oponerse jurídicamente al proyecto, éste podría ser aprobado en el Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre ante la situación de bloqueo legal del consorcio.

La ruptura fue servida en bandeja de plata a los convergentes, que rechazan un plan que supone la transformación del consorcio, bajo su presidencia, en una sociedad de la que perderían toda hegemonía, ya que pasaría a depender de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y, por ende, del Gobierno central. De paso, se distancian del PP en vísperas de los comicios al Parlament y procuran restituir su precaria imagen de garantes del territorio.

CiU se opone a la idea del PP de convertir el consorcio en una sociedad mercantil

El plan, con la tara genética de nacer ligado al PHN y al trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos al año de agua del Ebro, prevé la inversión de 560 millones de euros (93.000 millones de pesetas) durante 10 años para la resolución de los problemas ambientales del delta. Uno de los aspectos por los que el Gobierno de la Generalitat lo rechaza es la falta de concreción de un caudal mínimo de mantenimiento, que CiU ha fijado en unos inamovibles 135 metros cúbicos por segundo y que dificultan el trasvase. La bendición de los 100 metros previstos en el plan de cuenca ya era motivo suficiente de ruptura para los convergentes, que esgrimieron como una afrenta la creación de la sociedad bajo el control de la CHE. Han acusado al Gobierno central de pretender con ello "una privatización del agua", según explicó el delegado de la Generalitat en las tierras del Ebro y presidente del consorcio, Francesc Sancho (CiU).

El director técnico del plan, Ramir Aurín, lamenta la politización del consorcio y defiende la sociedad mercantil, "integrada por las administraciones" como un instrumento ágil en las operaciones que emprender en el delta.

Otro de los aspectos polémicos son la instalación de sensores en el río para el control de su régimen hídrico durante cuatro años, tras los cuales se revisaría la cifra de caudal de mantenimiento. Para los representantes de la Generalitat, esta propuesta "es una confesión de que no tienen idea de cuánta agua hay en el río o cuánta sobra" y, pese a que durante este tiempo no se podrán realizar nuevas detracciones, nada impide el inicio de las obras del trasvase. Nada, a menos que prosperen las denuncias judiciales del Gobierno catalán por el incumplimiento de la legislación del PHN.

El plan propone, además, desembalses controlados en primavera y verano para contener la cuña salina o la proliferación de algas y una ofensiva a la regresión del delta. Aurín explica que se barajan varias opciones, como la reutilización de sedimentos de las bahías, el recrecimiento de las playas o la captación de fangos de los embalses, que llegarían al delta a través de canales.

La mejora de la calidad de las aguas, la ampliación del espacio natural, dotar de mayor presupuesto al parque natural, potenciar el ecoturismo, restaurar las riberas del río, estudios sobre el mejillón cebra o promover una agricultura competitiva son algunas de las propuestas que se incluyen en el plan que, asegura Aurín, "ya está listo para su debate". Un debate que, según el representante del Estado en el Consorcio, Joaquim Fabra, los convergentes han rehuido. La misma acusación reciben los populares por parte de CiU en un nuevo clima que dista mucho del existente el mes de marzo de 2001, cuando los dos partidos, ahora enfrentados, aprobaron el PHN y defendieron el consorcio como una garantía del futuro delta.