Atrapadas entre su casa y el juzgado

La historia de una denuncia por violencia doméstica es la historia de un despropósito. Una mujer que sufre malos tratos aguanta entre 8 y 10 años de media antes de denunciarlo. La treintañera M. P. tardó 18 años. El día en que, llena de moratones y puntos de sutura, decidió presentarse con sus dos hijos en comisaría debería haber empezado una nueva vida, por fin en paz. Sin embargo, como otras muchas, declara que desde entonces "fue casi peor". "Hay muchos momentos en que se te quitan las ganas de seguir adelante". El año pasado, 27.000 mujeres denunciaron malos tratos.

Un nuevo instrumento jurídico, la Orden de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica, ha sido aprobado esta semana por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Ayer mismo entró en vigor. Junto con otras reformas que aún están pendientes de aprobación en el Parlamento, esta herramienta deberá reducir en lo posible la confusión y la sensación de indefensión que sufre una mujer desde que se decide a denunciar los malos tratos.

Desde ayer, el agresor, y no la víctima, deberá abandonar el domicilio rápidamente

"Mi marido me tiene más controlada ahora que antes de que fuera a denunciarlo"

La orden de protección puede ser solicitada desde ayer al juez en una comisaría, una casa de acogida o cualquier otro lugar al que la mujer acuda para denuciar su situación. El juez de guardia debe aprobarla, tras escuchar a las partes por separado, en un plazo máximo de 72 horas. A partir de ese momento, la víctima esperará al juicio, que deberá ser rápido, en unas condiciones de seguridad frente al agresor desconocidas hasta ahora.

Desconocidas, por ejemplo, en el caso de M. P. Corría el mes de abril cuando ella tomó conciencia de que ya no necesitaba a su marido, ni su alcohol, ni sus palizas. "Mientras hay dependencia económica, hay dudas", explica. "Y si dudas, siempre acabas volviendo con él". Ella tenía un trabajo y pagaba la casa, así que se presentó en el Ayuntamiento de la pequeña localidad madrileña en la que vive y dijo que quería separarse. Para lograr que cada vez más mujeres se decidan a salir del infierno, la Orden de Protección prevé que la denunciante tenga derecho inmediato a percibir del INEM la Renta Activa de Inserción: una ayuda económica de 300 euros al mes durante 10 meses para víctimas sin ingresos.

"Él se enteró de que había ido a pedir la separación porque espió mi agenda. Al volver a casa me dio una paliza", continúa. Entonces, 18 años después del primer golpe, llamó a la Guardia Civil para denunciarlo. Ahí empezó su aventura judicial, pero también su asombro. "Resulta que, para protegerte, en vez de sacarlo a él de casa te tienes que ir tú con tus hijos, mientras él se queda en la casa". Ella durmió esa noche en el domicilio de su hermano. Si no hubiera sido por él, habría ido a una casa de acogida para mujeres maltratadas. "Pero están llenas", se queja. Según datos de noviembre de 2002, en España hay 4.133 plazas. Harían falta unas 1.300 más para cumplir la ratio recomendada por el Consejo Europeo, que es de una plaza por cada 7.500 habitantes.

Desde la Dirección General de Modernización de la Justicia, que ha impulsado con los grupos parlamentarios la orden de protección, se ha señalado como una de las principales novedades el hecho de que otorga a la víctima provisionalmente, nada más poner la denuncia, el uso y disfrute de la vivienda, la custodia de los hijos y una prestación por alimentos. Será el agresor el que salga de la casa con una orden de alejamiento inmediata.

Un día después de la denuncia, se celebró un juicio de faltas sobre la agresión. M. P. no salía de su asombro cuando el juez le impuso una multa de 270 euros (nueve euros diarios durante un mes) a su marido por una falta de lesiones. "Todavía no ha pagado", afirma. Una reforma del Código Penal que está en tramitación convertirá en delito, y no falta, cualquier agresión, incluso psicológica. Esto endurecerá las penas, que podrán ser de prisión.

"Después de aquello, volví a casa con él. Decidí que era mi casa, porque yo la pagaba, y que no la dejaría". A partir de entonces, empezó a dormir con el hombre al que había puesto ante el juez y condenado. "Yo pensaba que me podría pegar una paliza diaria y le saldría barato. A nueve euros por paliza".

Pero el caso, además, contó con la "falta de interés" del abogado asignado de oficio. "No se lo recomiendo a nadie", dice. "Los abogados de oficio se limitan a hacer los papeles y ya está". Ésta es una de las principales quejas que comparten las asociaciones de mujeres: la falta de especialización de los profesionales (abogados, policías, médicos) que deben trabajar con la mujer maltratada.

"Una mujer maltratada es un cliente muy difícil", explica Cruz Sánchez de Lara, la abogada de la Federación de Mujeres Progresistas que se hizo cargo del caso de M. P. "Es una persona que, cuando te cuenta lo que le pasa, en realidad está contando toda su vida. Y lo tiene que revivir con la policía, con su abogado, con el médico, con el juez, con el psicólogo, con el asistente social... Necesita mucha paciencia y mucha comprensión para no venirse abajo; no se trata sólo de asesoramiento legal. La más mínima dificultad puede hacer que lo deje todo y vuelva con su marido".

Una fuente del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid responde que sus letrados "tienen una perfecta sensibilización con el tema". "Pero se ocupan del tema jurídico, no psicológico", añade. "Van, presentan los papeles y ya está. ¿Qué más van a hacer?". En junio había en Madrid 711 abogados especializados en violencia doméstica de los 3.500 del turno de oficio. Su especialización consiste en un cursillo de 15 horas.

Sánchez de Lara recurrió la sentencia del juicio de faltas de M. P. y consiguió que un juez condenara al marido por un delito de amenazas contra ella y sus hijos. Una noche les dijo: "Ten cuidado, que cuando os vea en la calle os voy a matar, tened cuidado hasta de vuestra propia sombra". Por increíble que parezca, generalmente amenazas como ésta no son consideradas un delito. El marido fue condenado a seis meses de prisión (que no cumplirá) y, lo que es más importante, a no acercarse a menos de 500 metros de su mujer y sus hijos y a no comunicarse con ellos.

La Guardia Civil fue a buscarle a su casa, le comunicó la orden del juez y le sacó de allí. Aquello, por fin, debería darle la tranquilidad necesaria para olvidarse de su tortura y rehacer su vida. Pero esa misma noche M. P. no durmió. Esperó hasta el día siguiente sentada en el sofá del salón, intentando controlar sus nervios, con las persianas bajadas y el teléfono en la mano. Han pasado tres meses. Ya duerme, pero concilia el sueño sobre las dos de la madrugada y suele despertarse a las cinco. Aún pasa las noches con las ventanas cerradas y las persianas bajadas.

No le faltaba razón para tener miedo. "Las órdenes de alejamiento se incumplen en la gran mayoría de los casos", explica Carmen Laviña, portavoz de la Federación de Mujeres Progresistas. M. P. se encuentra con su marido "casi todos los días". "Salgo de casa y está ahí, en un banco, observándome", dice. "Se me acerca, me amenaza y yo salgo corriendo para decírselo a la Policía Local o a la Guardia Civil. Pero no sirve para nada, porque cuando llegan ya se ha ido". Está convencida de que la tiene "más controlada" que cuando vivía con él. Ha denunciado tres veces el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Cuando finalice la reforma de la prisión preventiva, el juez podrá dictar esta medida en casos de quebrantamiento de la orden de alejamiento. Es la única forma de garantizar el cumplimiento de la medida de alejamiento, ya que es imposible escoltar personalmente a las miles de mujeres que denuncian malos tratos cada año.

Pero las previsiones más optimistas dicen que eso será en noviembre. Las macabras estadísticas indican que deben morir cinco mujeres cada mes que pase. Las macabras estadísticas indican también que al menos una de ellas (el 25%) ha denunciado su situación.