Los socialistas pretenden ampliar las competencias autonómicas en justicia, fiscalidad y seguridad

El PSOE defenderá las mismas posiciones en cualquier lugar de España en relación a las políticas de cohesión social y territorial. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, está convencido de que este objetivo es ya una realidad después de que un grupo de barones territoriales le han dado ya el visto bueno bueno al documento por él elaborado sobre "la visión socialista de la España de las autonomías".

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono; de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, le han dado el sí, además del candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall. El consenso se ampliará al resto de los presidentes autonómicos y líderes territoriales antes de la reunión del comité federal del próximo 5 de septiembre. Pero el documento de Zapatero tendrá su desarrollo en el otoño, cuando se analice la ampliación de algunas competencias.

Justicia, fiscalidad y seguridad ciudadana son las tres materias que, en principio, podrían tener un mayor desarrollo autonómico. Los tribunales superiores de justicia podrían tener más competencias para liberar de trabajo al Tribunal Supremo, pero siempre de acuerdo a la necesidad que sienta y tenga cada comunidad autónoma y, desde luego, buscando el consenso de todas las fuerzas políticas.

Por tanto, el PSOE aboga por la reforma de "todos" los Estatutos si con ello se consigue más eficacia y más provecho para los ciudadanos. La reforma constitucional quedaría exclusivamente para el Senado, lo que, aunque se haya convertido en un tópico, el PSOE ansía verdaderamente, pero en el PP se argumenta que no hay necesidad alguna de modificaciones sobre las funciones de la Cámara alta.

En los últimos cuatro años, el parón ha sido total en el desarrollo y potencialidad del Senado como cámara territorial. En un primer momento, y antes de abordar la reforma a través de los cambios en la Constitución, los socialistas creen que podría ser suficiente un cambio en el reglamento de la Cámara.

La primera reacción que ayer tuvo el PP y el Gobierno a esta reflexión interna del PSOE fue de rechazo, aunque de forma moderada. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, estimó que la reforma que propone Zapatero crearía "confusión" y es "inoportuna". El ministro cree que no es necesario ampliar competencias sino aplicar y desarrollar en cada comunidad las que ya están transferidas.

Pero detrás de las declaraciones de Arenas llegaron las de la dirección del PP a través de la coordinadora de organización, Ana Mato. Para esta dirigente todo se resume en el afán del PSOE de "tapar sus problemas internas", y para ello se "inventa" un nuevo modelo de Estado. Frente a esa situación se sitúa el PP, que ofrece "estabilidad", declaró Mato a Europa Press.

Para IU, el documento se queda "corto", pero se aproxima a sus posiciones. El PNV, sin embargo, cree que es "papel mojado".