El PSOE propone una Oficina del Retorno para los emigrantes

España ha pasado de ser un país de emigración a ser destino de emigrantes de otros países. Pero aún así todavía hay en el exterior casi millón y medio de españoles, y muchos de ellos muestran voluntad de regresar a España. Los socialistas presentarán hoy en el Congreso una proposición no de ley sobre la creación de la Oficina Española del Retorno, elaborada por la responsable de Políticas Sociales y Migratorias, Consuelo Rumí, que se suma a otra iniciativa para crear la Agencia Española de Migraciones.

La Oficina Española del Retorno tendría como función la de reunir y ofrecer toda la información sobre la vuelta a España de los emigrantes y constituirse en organismo receptor de cuantos trámites relacionados con el retorno corresponda resolver a la Administración general del Estado. También establecería esta oficina mecanismos de colaboración y coordinación con comunidades autónomas, cabildos insulares y municipios. La iniciativa propone dotar a las consejerías laborales y a las secciones de asuntos laborales y de Seguridad Social de los consulados españoles de los medios técnicos y humanos para que pongan a disposición de quien lo solicite la información suministrada por la Oficina Española del Retorno.

Víctimas de la Guerra Civil

También hoy, los socialistas presentarán otra proposición no de ley que trata de restañar heridas de la guerra civil para alivio de los familiares de quienes fueron condenados a muerte, o a 30 años de prisión, y restañar la pérdida de bienes o las sanciones "atentatorias contra la dignidad de las personas", impuestas por ser republicanos. La diputada socialista leonesa Amparo Valcarce ha elaborado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que presente un proyecto de ley para la anulación de los "fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la instrucción llamada de Causa General, de responsabilidades políticas, por la ilegalidad de estas normas e ilegitimidad de los tribunales y aparatos judiciales que iniciaron esos procesos y dictaron las sentencias".

Asimismo, pide que el Gobierno facilite el acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la guerra civil depositados en los archivos civiles y militares, mediante la catalogación y conservación adecuada de los mismos. En su iniciativa parlamentaria, la diputada Amparo Valcarce señala que a partir de 1940 se abrió "la Causa General contra toda persona que hubiera colaborado con la República o fuera sospechosa de haberlo hecho".

La diputada socialista expone que "se descendió a la aplicación de una justicia inmediata que era aplicada por los dirigentes políticos locales del régimen en cada pueblo, formulando denuncias sobre la marcha que constituían prueba y condena". "Los juicios sumarísimos condenaron por rebelión a quienes fueron leales a la legalidad democrática", insiste.