Servicios Sociales atendió 6.570 infracciones cometidas por menores

La Consejería de Servicios Sociales atiende cada año a 600 jóvenes autores de faltas o delitos en aplicación de la Ley Penal del Menor. Esta norma, vigente desde enero de 2001, deja en manos de las comunidades autónomas las medidas sancionadoras y educativas impuestas a los jóvenes por los jueces. En dos años, Servicios Sociales ha tratado 6.570 casos. En algunos (2.903) sólo ha prestado asesoramiento educativo y jurídico. Pero también ha ejecutado 3.126 medidas como la libertad vigilada o la reparación del daño causado y 541 internamientos en reformatorios.

El consejero de Servicios Sociales en funciones, José María Alonso Seco, considera "buena" la finalidad de la Ley Penal del Menor, que elevó la edad mínima de ingreso en prisión de los 16 a los 17 años "porque cambia un sistema penitenciario por otro educativo". "Es mejor internar a un menor en un centro educativo que en una prisión, pues eso es condenarlo a ser un infractor toda su vida", añadió durante la presentación del balance de los dos años de aplicación de esta norma.

"La finalidad de esta norma merece la pena, pero las medidas para su aplicación nunca son permanentes y pueden requerir ajustes", manifestó, al ser preguntado sobre la recogida de firmas para modificar la ley emprendida por los familiares de Sandra Palo, una joven discapacitada de Getafe violada y asesinada el pasado 17 de mayo por cuatro jóvenes, tres de ellos menores. Los padres de la malograda muchacha reclaman que se baje de nuevo la edad de ingreso en prisión a los 16 años.

"Este tremendo caso no nos tiene que llevar a juzgar de la misma manera a todos los menores autores de delitos. También deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra sociedad para que ocurran hechos tan terribles", apostilló el consejero. Alonso Seco considera que a la ley le hacen falta más medios y también que se apruebe de una vez el reglamento que la desarrolla. Reclama, asimismo, "una actitud más receptiva de la sociedad".

En la región hay más menores infractores que los 1.200 atendidos en estos dos años por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), de la Consejería de Servicios Sociales. Pero el IMMF sólo interviene cuando jueces y fiscales les derivan casos, bien para que asesore sobre ellos o para que aplique las medidas sancionadoras y educativas previstas en la Ley Penal del Menor.

Entre las medidas sancionadoras aplicadas a los menores infractores, las más numerosas son las que no conllevan una privación de libertad. Entre ellas están las llamadas reparaciones extrajudiciales, en las que el joven infractor pide perdón a su víctima y repara el daño causado, por ejemplo, limpiando el coche al que ha pinchado la rueda. Se aplican, sobre todo, en delitos de lesiones y hurtos.

Otro tipo de sanciones en libertad son el tratamiento ambulatorio que se aplica, por ejemplo, a menores con toxicomanías, la libertad vigilada, las tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad (ayudar a los ancianos de una residencia, arreglar un jardín público...).

El internamiento en reformatorios cerrados o semiabiertos se reserva a los delitos de mayor gravedad, sobre todo los robos con violencia o con intimidación, ya que apenas hay homicidios, asesinatos y agresiones sexuales cometidos por menores. En estos dos años son 385 los jóvenes que han pasado por los ocho reformatorios de la región, con 151 plazas.

Un tercio es analfabeto

Siete de cada diez internos de los reformatorios tienen de 16 a 17 años y el 94% son varones. Por procedencia, el 53% son españoles; el 34%, marroquíes, y el 5%, latinoamericanos. Casi un tercio es analfabeto y el 44% sólo tiene estudios primarios.

Alonso Seco explica que hacen falta más plazas en reformatorios, sobre todo en régimen semiabierto. Por eso planean crear 30 más, la mitad en régimen cerrado y el resto, semiabiertas , en los próximos "dos o tres meses". "Algunas de ellas las obtendremos ampliando centros que ya existen y otras construyendo alguno nuevo. El problema es que allí donde queremos abrir uno de estos recursos surgen las protestas", reflexionó.

El IMMF tiene previsto construir un reformatorio de alta seguridad, con 50 plazas ampliables a 100, en Valdemoro en unos terrenos cercanos a la prisión. Hace un año también prometió abrir un centro cerrado para menores delincuentes con enfermedades mentales en Guadarrama, pero por ahora no se ha hecho. "No descartamos crearlo, pero no es lo que más nos urge, porque al año no tenemos más de dos o tres casos de ese tipo", explica el consejero.