Denuncias contra el colapso de la justicia en Portugal

El presidente de Portugal, Jorge Sampaio, mantuvo una reunión inédita con la cúpula judicial del país, que terminó en la madrugada del martes, tras los últimos escándalos y medidas adoptadas por los magistrados, interpretadas como escandalosas por la opinión pública. Sampaio cenó con los presidentes del Tribunal Supremo y Constitucional, el fiscal general y el presidente del Colegio de Abogados, y solicitó cambios en temas como el secreto judicial, el régimen de escuchas, la lentitud en la resolución de procesos o la garantía de los derechos de los acusados.

Un grupo de importantes personalidades portuguesas, entre ellas el ex presidente de la República Mário Soares y un antiguo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, denunciaron el pasado jueves que el sistema judicial luso sufre de "anomalías" que van en contra de los "principios del Estado democrático" y no respetan "los derechos humanos". En un texto publicado en el periódico Diário de Notícias, el grupo llama a las autoridades portuguesas a una reflexión sobre el sistema judicial, especialmente en temas como la prisión preventiva, los derechos de los detenidos o el secreto judicial.

El Manifiesto por la justicia surge en medio de un intenso debate social por la investigación periodística de una red de pederastas, que actuaba en un colegio benéfico de Lisboa y que ya llevó a la cárcel a un ex ministro socialista, Paulo Pedroso, un antiguo embajador en la Unesco, Jorge Ritto, y al presentador más popular de la televisión lusa, Carlos Cruz. Los abogados de los detenidos, en régimen preventivo, aseguran desconocer todos los cargos que se les imputan y los detalles de la acusación que determinó su encarcelamiento.

Deber constitucional

Los firmantes del texto señalan que, según la Constitución, los detenidos deben ser informados "inmediatamente y de forma comprensible de las razones de su detención", pero dudan de que "la información actualmente prestada asegure a los acusados el conocimiento necesario y suficiente para recurrir a un tribunal superior".

El grupo denuncia que el 32% de encarcelados en Portugal están detenidos preventivamente cuando, según la Constitución, ésta debe ser "una medida excepcional". Portugal es, según la OCDE, el país europeo, tras Turquía, con más detenidos preventivos y donde estos reclusos pasan más tiempo en prisión.

Las reglas de la investigación judicial son otra de las "anomalías", sobre todo la posibilidad de ser blanco de escuchas telefónicas aun sin ser sospechoso de ningún crimen, lo que viola "la garantía de libertad" a que tienen derecho todos los ciudadanos. Los principales líderes del Partido Socialista, incluido el secretario general, Eduardo Ferro Rodrigues, aseguran tener sus móviles bajo escucha policial dentro de la investigación por el caso de pederastia. El fiscal general, Souto Moura, ha afirmado que Ferro Rodrigues no es sospechoso de ningún crimen, pero no ha negado la existencia de escuchas.