El País Vasco recibe 108 millones más de lo que paga por el Cupo

El dinero presupuestado por Madrid para las tres diputaciones vascas en 2003, por los impuestos concertados, (IVA e impuestos especiales), ajustes incluidos, es de 1.141,2 millones de euros, 108 millones más de los 1.033 que el Gobierno vasco tiene contabilizado en concepto de Cupo para este año. Un saldo positivo para Euskadi que quedaría en entredicho si las dos administraciones no superan la crisis abierta tras la decisión unilateral del Gobierno vasco de descontar 32,2 millones de euros del pago parcial del Cupo que ingresaron en Madrid en mayo pasado.

El País Vasco tiene más que perder que de ganar en la batalla abierta con la administración central, porque en términos de flujos financieros, puede recibir más. Los 108 millones de euros, casi 18.000 millones de pesetas de saldo positivo entre lo que pagan y lo que reciben, podrían quedarse en Madrid si para el 30 de septiembre, -fecha en que el Gobierno vasco tiene que hacer frente a otro pago correspondiente a la liquidación del Cupo- no devuelve los 32,2 millones de euros.

En el caso de que Idoia Zenarruzabeitia adopte la decisión de no devolver el dinero, las dos administraciones entrarían en una guerra de retenciones sin fin, y en una judicialización del Concierto, cuyo final es incierto.

En todo caso si esa guerra fuera llevada al extremo, fuentes del Ministerio de Hacienda estiman que el instrumento que regula el flujo financiero entre las dos administraciones, el Concierto Económico, de carácter indefinido desde 2002, estaría "herido y en en grave peligro".

IVA en aduanas

Los 1.141,2 millones de euros que la administración central paga este año a las haciendas forales proceden fundamentalmente del IVA en Aduanas, hasta un total de 791,4 millones de euros, y del IVA en operaciones interiores, concretamente 349,8 millones.

La compensación por el primer concepto ha crecido un 7,7% respecto a 2002, en que el País Vasco ingresó 734,5 millones de euros, mientras que en operaciones interiores ha crecido un 8,5% desde los 322,3 millones de 2002.

En total el pago de 1.141,2 millones de euros es un 8% superior al de 2002, que se quedó en 1.056,8 millones. Por provincias, la diputación alavesa recibe por esos dos conceptos 191 millones de euros -132,4 por aduanas y 58,5 por operaciones interiores-, mientras Vizcaya percibe 573,7 millones de euros, -397,9 por aduanas y 175,8 por Iva interior- y Guipúzcoa 376,3 millones, -261 por el primer concepto y 115,3 por el segundo-.

Los 32,2 millones que adeuda la administración autonómica representan un 2,8% respecto de todo el flujo financiero por impuestos concertados de Madrid a Euskadi en 2003.

El problema es que en septiembre el panorama político vasco va a subir de temperatura. Posiblemente la semana del 22 al 26 de ese mes el Parlamento celebrará el debate de política general, en el que el lehendakari Juan José Ibarretxe tiene previsto presentar su nuevo proyecto de "Libre Asociación".

Un debate que se va a celebrar poco antes de que el Partido Nacionalista Vasco inicie el proceso de sucesión del presidente del EBB, Xabier Arzalluz, y que posiblemente se lance ese mismo fin de semana en el marco del Alderdi Eguna, el Día del Partido, que habitualmente se celebra el último domingo de septiembre. En cualquier caso, podría convertirse en el último debate de Arzalluz como presidente del EBB.

Voluntad de diálogo

Apenas dos días después, el 30, martes, vencerá el plazo para que Zenarruzabeitia devuelva los 32,2 millones de euros. Aunque teóricamente el Gobierno vasco puede hacer el pago hasta el 31 de diciembre, fuentes de la administración central consideran que si para septiembre no se ha desembolsado la cantidad, el Ejecutivo de Ibarretxe "habría demostrado su nula vocación de diálogo", con lo cual, y si tampoco se hubiera producido algún síntoma de aproximación, posiblemente comenzarían las acciones judiciales.

Ese saldo favorable a Euskadi podría además aumentar, si ambas partes encauzan el diálogo institucional ya que en lo que queda de año sería posible poner en marcha la Junta Arbitral. Los más de 30 asuntos que podrían quedar desbloqueados tienen una valoración económica total de más de 60 millones de euros, que también tendrían como destino final Euskadi.