Violencia sin freno

La estadística sobre la violencia doméstica, en especial en su manifestación más trágica de muertes de mujeres, se hace vieja por momentos. En las últimas horas, dos mujeres han perecido a manos de su pareja, una en Santander, estrangulada por su novio, y otra en Premiá de Mar, descuartizada por su marido, un agente de la Policía Municipal de dicha localidad barcelonesa.

Frente al imparable aumento del número de víctimas en el ámbito familiar -42 mujeres han muerto a manos de su pareja o ex pareja en lo que va de año-, los poderes públicos, y en especial el Gobierno, se muestran incapaces de poner en marcha medidas de protección eficaces. En los planes de choque publicitados durante los últimos años ha faltado, como ha señalado recientemente el estudio realizado por la Fundación Mujeres sobre la violencia sexista, un diagnóstico certero sobre las raíces profundas de esa lacra social, por lo que no han producido los resultados esperables.

Las dos últimas muertes han enredado al Gobierno y al PSOE en una absurda polémica sobre el retraso de la orden de protección inmediata e integral a las mujeres maltratadas, consensuada por todos los grupos parlamentarios a principios de abril de este año y que debería haber entrado en vigor al tiempo que los juicios rápidos. Pero, al margen de responsabilidades por el retraso -esa orden exige una tramitación parlamentaria que no concluirá hasta septiembre-, corresponde al Gobierno poner a punto los medios necesarios para que, cuando entre en vigor, no sea una más de esas disposiciones legales, maravillosas sobre el papel y útiles para la propaganda oficial, pero absolutamente ineficaces en la práctica. ¿Ha previsto el Gobierno las dotaciones de los policías que deberán vigilar a los maridos denunciados y garantizar que se mantienen alejados de la mujer amenazada o maltratada? ¿Ha contado con la ayuda económica que necesitarán estas mujeres para sobrevivir por sus propios medios?

Sin tales medios o sin la garantía de una asistencia jurídica y una ayuda social o psicológica, el conjunto de medidas penales y civiles que, según la orden de protección, podrá adoptar el juez en 72 horas para blindar a la mujer frente a su potencial agresor tienen el riesgo de quedar

en muchos casos en papel mojado. Sin duda, entre esas medidas está la de prisión preventiva si la gravedad de la amenaza o la agresión lo aconsejan, pero esa medida procesal de carácter cautelar, excepcional según la Constitución, no puede ser la panacea de un mal social complejo, como parece pretender el ministro Michavila.