La Generalitat reconoce que no tiene suficientes plazas en los centros de menores

Los seis centros educativos para menores en régimen de internamiento que existen en Cataluña disponen de 189 plazas y acogen a 217 menores, según datos de la Generalitat. Este déficit de 28 plazas, sin embargo, "no significa que exista saturación", según la directora general de Justicia Juvenil, Anna Solé, porque hay un remanente de menores que "no retorna" de actividades educativas en el exterior o de permiso de fin de semana. Trabajadores sociales de los centros denuncian que estas plazas son inmediatamente ocupadas por otros menores, lo que rompe los procesos de reeducación.

"Algunos de los chicos no vuelven de los permisos de fin de semana o de alguna actividad educativa, con lo que el número de plazas disponible se equilibra, aunque hay que entender que no se trata de fugas", matiza Solé, sino de menores que "ruedan unos días por el exterior y, a veces empujados por su propia familia o a veces por ellos mismos, vuelven al centro. Les llamamos no retornos y suponen alrededor del 14% de los menores ingresados en los centros educativos".

Aunque rechaza que los centros estén saturados, la directora reconoce que en "situaciones concretas" se han utilizado colchonetas y literas auxiliares. Solé pone como ejemplo el centro educativo Els Til·lers, en Mollet del Vallès, que acoge, entre otros, a los menores en situación de internamiento cautelar, una condición que establece el juez tras la comisión de un delito de especial gravedad mientras espera el inicio de la instrucción judicial, el equivalente a la prisión preventiva.

Para la directora general, la afluencia de los menores a este centro depende de la cantidad de delitos cometidos, de la acción de los Mossos d'Esquadra y de las decisiones de los jueces de menores, elementos que califica como "factores externos" a su departamento, que, explica, "se limita a ejecutar" las medidas dictadas por los jueces.

Según las cifras aportadas por la Generalitat, en estos momentos se cumple la paridad entre plazas y ocupación en los centros educativos de Justicia Juvenil. Faltan 28 plazas en los centros de internamiento, pero, el pasado 9 de junio, 28 menores no habían retornado de alguna actividad o de un permiso.

Argumento "injustificable"

La optimista visión oficial contrasta con la de algunos trabajadores sociales. Un educador, que prefiere mantener el anonimato considera "injustificable" el argumento de Solé. Las plazas que quedan libres tras algún no retorno, asegura, "se ocupan de inmediato con otro menor" y cuando el primero vuelve al centro unos días después "se encuentra sin sitio y es trasladado a otro, con lo que la acción educativa se trunca porque el menor debe adaptarse a otros compañeros y a otros educadores".

La saturación no sólo "es una realidad constante" en los centros de internamiento catalanes, según este educador, sino que es la causa de que las medidas educativas hayan "perdido importancia" respecto a las medidas de contención, al menos en el caso de los centros de régimen cerrado. "Existe una obsesión por la seguridad que convierte a los educadores en carceleros: estamos todo el día abriendo y cerrando puertas y llevamos con nosotros un manojo de llaves y un dispositivo de alarma para llamar al equipo de seguridad", apostilla.

En Cataluña existen seis centros educativos para menores que cumplen medidas judiciales, una decisión que los jueces reservan para los casos de delitos más graves. En el año 2002 se incoaron 8.361 expedientes por delitos o faltas cometidos por menores. En la mayoría de los casos se compensó el daño causado con medidas de reposición a la víctima, pero en unos 2.000 se instruyó el caso y se llegó a dictar una sentencia que, en muchos casos, implica medidas educativas que no necesitan internamiento porque se pueden cumplir en la propia familia.

Sólo el 11% de estos menores ingresó en la red de centros educativos, toda de propiedad pública. De los seis centros, dos acogen las medidas llamadas de régimen cerrado -Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) y Mollet del Vallès-, donde se efectúan las estancias más largas. Los menores pueden permanecer en ellos hasta los 23 años si el juez lo autoriza para completar las medidas de reinserción. Los cuatro centros restantes están destinados a estancias más cortas y a medias de inserción social, el llamado régimen abierto.

La nueva ley del menor

Para Solé, la Administración de Justicia de menores catalana "ha parado el golpe" que supuso la entrada en vigor en 2000 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que incorpora a los jóvenes de entre 16 y 18 años, "los más conflictivos", asegura, que antes eran considerados como adultos a efectos penales. Este cambio elevó el número de expedientes incoados por la Fiscalía de menores de Cataluña en el 90%, pasando de los 4.364 de 2000 a los 8.480 de 2001.

Para atender el aumento propiciado por la entrada en vigor de la ley, la Generalitat ha creado 40 plazas nuevas de internamiento, además de impulsar la creación del quinto juzgado de menores de Barcelona. También está previsto crear 35 plazas más durante este año, según la propia Administración. Este esfuerzo "permitirá a la Generalitat seguir en el esfuerzo de reinserción social que siempre se ha defendido en Cataluña", concluye Solé.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es tan optimista a la hora de evaluar la atención a los menores que han delinquido en Cataluña. En las conclusiones del informe general el CGPJ indica que la comunidad catalana dispone de "centros escasos, carece de un centro específico para detenidos, las plazas son limitadas y los centros se ven desbordados".