La Junta detecta irregularidades en el trato legal de oficio a inmigrantes
La Administración suspende el pago a 47 abogados de Algeciras
La Junta de Andalucía ha detectado fallos e irregularidades en el trabajo de 47 abogados de Algeciras que atendieron a inmigrantes en el turno de oficio. La Administración autonómica ha suspendido de manera cautelar el pago de los servicios prestados por estos en el primer trimestre de este año, por un valor estimado de 60.000 euros, según confirmó ayer uno de los letrados afectados.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en las tramitaciones de los recursos administrativos presentados por los abogados de oficio que atienden a inmigrantes en Algeciras comenzó hace ya algunos meses y en ella ha participado hasta la adjunta primera del Defensor del Pueblo español, María Luisa Cava de Llano. Curiosamente, ha sido un grupo de estos abogados los que sacaron el domingo a la luz esta situación al publicar una carta el diario local Área en el que amenazaban con "plantarse" ante las críticas recibidas desde la Consejería de Justicia.
Aunque el comunicado del citado grupo de abogados no lo cita, el hecho es que Justicia ha decidido suspender de modo cautelar el pago de los turnos de oficio del primer trimestre de 2003 a 47 letrados de Algeciras al comprobar irregularidades de uno u otro tipo en los procesos administrativos firmados por ellos, según confirma uno de los afectados.
A través del Colegio de Abogados de Andalucía y del Provincial de Cádiz, se ha hecho llegar a los interesados la posibilidad de recurrir la decisión de la Administración autonómica, según confirman fuentes cercanas al colectivo.
Un abogado cobra algo más de 60 euros por cada inmigrante que atienda en el turno de oficio, que es voluntario. Además, si son más de seis los detenidos a los que se presta servicio, los 126,21 euros que percibe cada letrado por día de guardia se convierten en 252,42. Por su parte, el abogado tiene que tratar cada caso de manera individualizada, hablar con cada uno de los detenidos y transmitir cada caso concreto en un expediente administrativo.
Circulares
Justicia ya se quejó hace unos meses al Colegio de Abogados de Cádiz por medio de una circular de la homogeneidad y descuido de mucho de los recursos. Además chocaba la cantidad de recursos administrativos abiertos de oficio con los que se tramitaban posteriormente en Sevilla por la vía contencioso-administrativa. Las quejas de la Administración autonómica se vieron reflejadas en otra circular interna del Colegio de Abogados de Cádiz del 12 de mayo pasado en la que su decano, José Antonio Gutiérrez Trueba, pedía a los abogados que los recursos administrativos no se limitaran "a un simple formulismo" al tiempo que admitía que muchos de ellos "se limitan, en realidad, a cinco escasas líneas". Gutiérrez Trueba reclamaba "por el bien de todos" que los recursos se razonaran y expusieran adecuadamente "dando a cada uno el toque personal necesario, con objeto de evitar en el futuro problemas con los pagos".
El decano de los abogados de Cádiz se negó ayer a opinar sobre este tema y aseguró que se trataba de un asunto interno y que el que hablara de él en público era "un enemigo de los abogados". El decano tampoco quiso valorar la carta del grupo de letrados de Algeciras en la que amenazaban con "colapsar los juzgados" al dejar de atender a inmigrantes, informa Fernando Pérez Monguió.
La oficina del Defensor del Pueblo español visitó recientemente Algeciras tras recibir quejas de varias ONG que lamentaban el, a su juicio, trato legal deficiente. En concreto, estos colectivos sostienen que en muchas ocasiones los letrados se limitan a tomar nota de los nombres de los detenidos y producen recursos idénticos y, por supuesto, sin visitarlos.
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