La Junta reclama a Zaplana la gestión de los cursos del Forcem

El Gobierno andaluz ha exigido al Ministerio de Trabajo, dirigido por Eduardo Zaplana, la gestión de los fondos de formación continua (Forcem) de trabajadores. La Junta sospecha que la reforma que prepara el Ejecutivo central sobre los cursos de formación va a dejar a un lado a las comunidades autónomas pese a que el Tribunal Constitucional ha ordenado que se les debe dar una participación en la gestión. En Andalucía, más de medio millón de personas, según la Junta, se benefician al año de estos cursos, que suponen subvenciones por 120 millones de euros.

La mesa sectorial de empleo, que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas, abordará este asunto el próximo miércoles. Y la Junta de Andalucía acude convencida de que el Ministerio de Trabajo pretende aplazar la entrada de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos de estos cursos, sospecha que se basa en algunos borradores que le han llegado sobre los planes de reforma del Gobierno.

Fuentes de la Junta explicaron que la Consejería de Empleo ya se ha dirigido formalmente a la secretaria general de Empleo del ministerio, Carmen de Miguel, para recordar la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaminó que las comunidades debían participar en la gestión de los cursos del Forcem, que se vehiculan a través de los sindicatos y la patronal y cuyos fondos se distribuyen anualmente.

"Hay sentencias del Tribunal Constitucional, sobre Cataluña y Galicia, extensibles a las demás comunidades autónomas que dicen que esos fondos deben ser transferidos a las comunidades autónomas", afirma una fuente del Gobierno andaluz.

"Nos ningunean"

La Junta está especialmente molesta por el hecho de que aún no tiene oficialmente el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo. "En el fondo y en la forma nos están ninguneando", afirma esta fuente, que expresa su temor de que el Gobierno vaya a prorrogar el modelo actual.

El Gobierno andaluz entiende que el Ministerio de Trabajo ha dado un giro en los últimos meses en esta materia. Así, se asegura que el anterior secretario general de Empleo, Juan Chozas, entregó un primer documento de trabajo en el que se establecían las bases de un modelo que sí atendía a la descentralización de los fondos en favor de las comunidades y que el último proyecto es diametralmente opuesto a este objetivo.

La Junta, que confía en recibir el apoyo de la patronal andaluza y de las direcciones regionales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, entiende que el traspaso de estos fondos a las comunidades permitiría una mejor gestión y desarrollo, toda vez que los gobiernos regionales tienen un mejor conocimiento de su territorio.

Hasta ahora, Cataluña ha sido la comunidad que más se ha distinguido en el traspaso de estos fondos de formación de trabajadores, que hace diez meses fueron objeto de polémica después de que el Tribunal de Cuentas destapase un fraude masivo en su gestión entre los años 1996 y 1998. Estas irregularidades también habían sido detectadas por la Cámara de Cuentas en Andalucía.

En aquel momento, el Tribunal de Cuentas exigió a la patronal y a los sindicatos CC OO y UGT la devolución de más de dos millones por cursos que en realidad no se impartieron o que se justificaron con facturas falsas.