PSOE e IU quieren que Barbadillo deje también su cargo en la EMV

Jorge Barbadillo, cuya gestión al frente de la empresa pública Campo de las Naciones está siendo investigada por orden del alcalde tras detectarse presuntas irregularidades en la administración de fondos, ocupa desde el pasado 12 de mayo un puesto directivo en otro organismo público, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). PSOE e IU exigen al gobierno municipal que suspenda cautelarmente a Barbadillo y lo aparte de cualquier función pública. El PP replica que el dirigente de la EMV es un trabajador laboral fijo y no puede ser despedido si no hay sentencia judicial.

Jorge Barbadillo, concejal por el PP entre 1991 y 1999, fue nombrado aquel año consejero delegado de Campo de las Naciones, una empresa pública que siempre ha dado quebraderos de cabeza al PP y que también costó el cargo a sus dos primeros responsables, Enrique Villoria y Pablo Población, por presuntas irregularidades en la contratación. Barbadillo estuvo al frente de la gestión de Campo de las Naciones hasta el 12 de mayo de este año, cuando dimitió por "razones personales". Inmediatamente pidió el reingreso como trabajador laboral fijo en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), de donde había salido en 1991 gracias a una excedencia para ejercer cargo público. Ocupa en la EMV el cargo de jefe de Personal, aunque depende jerárquicamente de la directora del departamento.

Ahora, el nuevo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha ordenado una auditoría urgente de las cuentas de Campo de las Naciones porque sospecha que ha habido irregularidades en el uso de los fondos públicos. De eso se había dado cuenta ya, hace al menos tres meses, el entonces presidente de la empresa y concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, quien aconsejó a Barbadillo, sin destituirlo previamente y sin comunicarlo a la oposición, que fuera devolviendo el dinero que había usado presuntamente para viajes privados. Barbadillo ha devuelto hasta la fecha 35.500 euros.

"Si está devolviendo el dinero significa que hay una certeza de su culpabilidad, y que él mismo admite que ha usado el dinero público de forma irregular. Aunque aún no haya culpabilidad penal, el Ayuntamiento no puede permitirse tener a este hombre en un cargo directivo de una empresa pública", denuncia Trinidad Jiménez, portavoz municipal del PSOE. Y añade: "El gobierno municipal tiene que demostrar a los ciudadanos que será implacable con presuntos corruptos. La función pública no puede permitirse tener como directivo a alguien de cuya honestidad existen dudas". Con ese argumento, Jiménez reclama a Ruiz-Gallardón que "aparte" a Barbadillo de su cargo, "aunque aún no haya concluido la auditoría y aunque ningún juez lo haya declarado culpable todavía".

Denuncia ante un juez

Para que un juez lo declarase culpable, primero tendría que haberse presentado una denuncia. Eso es lo que "exige" al PP la portavoz municipal de IU, Inés Sabanés: "El PP tiene que dejarse de gaitas. Si Barbadillo está devolviendo dinero público que estaba en su poder, ya sólo con eso tendría que haber una causa judicial abierta. El PP debe poner una denuncia mañana mismo e inmediatamente suspender cautelarmente de su cargo en la EMV a Barbadillo. ¡No puede estar en una empresa pública alguien que presuntamente se ha llevado a su casa dinero público!", protesta Sabanés.

Desde el gobierno municipal se limitaron a señalar ayer la complicación legal que supondría suspender a un trabajador fijo que "en la Empresa Municipal de la Vivienda no ha cometido ninguna irregularidad". "Barbadillo pidió en 1991, primero, y en 1999, después, una excedencia forzosa para ejercer cargo público. Esa excedencia conlleva la reserva del puesto de trabajo y, en consecuencia, es obligación del empresario readmitirle en todo caso, en virtud de lo establecido en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el 17.2 del vigente convenio colectivo de la EMV", subrayó un portavoz del equipo de Ruiz-Gallardón.

"A Barbadillo sólo se le podría apartar de su puesto si hubiera una sentencia judicial de inhabilitación. Si la EMV lo despide, él acudirá a los tribunales, y éstos, con casi total seguridad, declararán el despido improcedente. Eso obligaría al Ayuntamiento a indemnizarle o a reintegrarle en el cargo", continuó este portavoz. La oposición considera que ese obstáculo "legal" puede subsanarse con voluntad "política".