Un informe de Fomento da vía libre al proyecto minero de Las Cruces en Sevilla

El proyecto impulsado por la compañía norteamericana MK Gold para poner en marcha en el noroeste de Sevilla una mina de cobre, la segunda más importante de la Unión Europea según sus previsiones, está a punto de convertirse en realidad. Un portavoz de la compañía aseguró ayer que el Centro de Estudios y Experimentación (Cedex) del Ministerio de Fomento ha considerado que el estudio geotécnico presentado por la empresa cumple los requisitos legales.

El informe del organismo de Fomento también da por resueltos los problemas en el diseño de la corta en la que la compañía prevé depositar los residuos mineros. En ocasiones anteriores, el Cedex había puesto objeciones al proyecto por considerar que la inclinación de las paredes del depósito podía entrañar algún peligro para la seguridad de los trabajadores. Pero la última modificación de MK Gold le ha convencido. El Cedex recomienda, eso sí, que haya un seguimiento permanente del efecto de los movimientos de tierras que se realicen en los primeros años de explotación.

Concesión al caer

Según la empresa, el informe del Cedex ya está en manos de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que tiene la última palabra en la aprobación de la concesión minera a MK Gold. El portavoz de la compañía indicó que esperaba una decisión favorable en los próximos días, habida cuenta de que al refrendo del Cedex se suma la declaración de impacto ambiental positiva que emitió la Consejería de Medio Ambiente, pese a las protestas de varias asociaciones ecologistas.

La puesta en marcha de la mina también está pendiente de los permisos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuyo presidente, Juan Vizcaíno precisó que "los estudios están muy avanzados", informa Tereixa Constenla. El proyecto, que prevé la extracción de 860.000 toneladas de cobre y emplear a 1.000 personas en los primeros años, dependerá entonces del aspecto económico. MK Gold tendrá que abordar una ampliación de capital para cubrir los avales exigidos y hacer frente a una inversión de 325 millones de euros, aunque 56 se cubrirán con subvenciones públicas.