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El convenio de la cárcel de Morón no incluye los "beneficios" que dijo el PP

Arenas y Morilla copiaron sus promesas de un folleto de Interior

Los puestos de trabajo, el aumento de la población y las infraestructuras que el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y el alcalde Morón de la Frontera, Manuel Morilla, prometieron si se construía una cárcel en la localidad no tienen respaldo oficial alguno y ni siquiera están fijados en el convenio de construcción. Ambos repitieron los datos de un folleto de publicidad del Ministerio del Interior.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio del Interior, ha editado un folleto de ocho páginas y una foto de un azulísimo cielo en sus pastas para vender cárceles a los municipios. "Un centro penitenciario, debido a su dimensión, al número de puestos de trabajo que genera y las infraestructuras que necesita, se convierte generalmente en la mayor empresa de la comarca", se dice en uno de sus primeros párrafos.

La mano de obra local para la construcción, los beneficios para los servicios, los ingresos en las arcas municipales por las correspondientes licencias, el abastecimiento diario del centro por empresas locales... son meros reclamos que se dejan en la esfera de lo probable o deseable.

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Francisco Pérez Moreno, y el portavoz del grupo municipal de Morón, José Francisco Montero, arremetieron ayer contra Morilla paradójicamente con el apoyo del contenido del convenio suscrito el jueves entre el Consistorio e Interior. En el citado texto tan sólo se fijan las condiciones para la compra y urbanización de los terrenos y la elaboración del plan urbanístico correspondiente.

Los socialistas consiguieron el apoyo de IU y el Partido Andalucista y congelaron la operación en el pleno extraordinario celebrado el jueves, ya que el PP no tiene la mayoría absoluta. El PSOE no se niega en redondo a la construcción de la cárcel, pero pide un referéndum para que sea la población la que decida y exige que la Junta de Andalucía sea parte en el proceso. Por ahora, el Ejecutivo autonómico tan sólo cuenta para aprobar el plan urbanístico.

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Tarno, "garantizó" que el convenio se aprobaría esta semana tras vaticinar el cambio de postura al respecto de alguno de los tres partidos de la oposición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de julio de 2003