Defensa pide el desalojo urgente de inmigrantes de un cuartel de Barcelona

El abogado del Estado solicitó ayer durante el juicio civil celebrado en Barcelona que se utilice el trámite de urgencia para desalojar a los inmigrantes que habitan en los cuarteles de Sant Andreu desde hace más de dos años. Si la juez accede a la petición, los afectados podrían ser desalojados en pleno mes de agosto, que es inhábil en los trámites judiciales. La abogacía del Estado razonó su petición "atendiendo al perjuicio que se puede causar al Estado".

Los cuarteles de Sant Andreu fueron abandonados por el Ministerio de Defensa en 1998, tras una reestructuración del Ejército de Tierra. Ocupan 100.000 metros cuadrados cuyo destino final todavía no está definido por las administraciones y desde hace más de dos años han servido de casa a los inmigrantes. La mayoría son subsaharianos y magrebíes, aunque los hay de una decena de nacionalidades, muchos de ellos en situación irregular. El número de ocupantes ronda actualmente los 600, aunque no se sabe con certeza cuántos son, pues se trata de una población muy variable de la que también forman parte un grupo de 100 okupas.

El juicio de ayer es consecuencia de la demanda civil que presentó el Ministerio de Defensa el pasado 20 de mayo. Anteriormente ya había presentado una denuncia penal que fue archivada y un pleito contencioso administrativo que está pendiente de recurso. Isabel Gallardo, juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona, ciñó ayer el debate jurídico a si ha existido abandono de esos cuarteles por parte del Ministerio de Defensa y si hubo o no permisividad de las administraciones para que los inmigrantes los ocuparan. La magistrada dio por hecho que los cuarteles, en los que hasta el pasado sábado había un solo grifo de agua, a un palmo del suelo, es la vivienda habitual de los inmigrantes porque "no van allí un ratito por la tarde a tomarse una copa", precisó. Médicos del Mundo ha calificado de infrahumanas la situación y las condiciones de vida de los afectados.

Los 13 abogados defensores alegaron ayer indefensión y nulidad de las actuaciones porque no han tenido tiempo para preparar el juicio -algunos fueron designados el pasado viernes- y porque a parte de los afectados no se les ha comunicado la demanda del ministerio. También adujeron que no se respetaron los plazos fijados y que no pudieron proponer pruebas. Todos estos argumentos fueron rechazados por la juez, quien defendió el cumplimiento de la ley en el proceso y recordó que en este caso, ciertamente, no había "un conserje en la casa" para notificar la presentación de la demanda.

Los defensores reclamaron también el interrogatorio de los inmigrantes, así como el del gerente de servicios personales del Ayuntamiento de Barcelona para que testificara que el Gobierno paga billetes de avión a inmigrantes desde otros puntos de España y los envía a los cuarteles de Sant Andreu. Igualmente pidieron un reconocimiento judicial de los cuarteles, pero la juez denegó todas esas pruebas por considerarlas irrelevantes.

La magistrada únicamente accedió a que se formulen preguntas por escrito al representante del Ministerio de Defensa. Deberán remitirse antes de tres días y tras ese trámite dictará sentencia. Será entonces cuando se pronuncie sobre si accede al procedimiento de urgencia que reclamaba el Ministerio de Defensa. En caso afirmativo y con una sentencia a su favor, el Estado podría reclamar el desalojo inmediato de los inmigrantes. Un abogado defensor aseguró ayer que, si fuese así, se provocaría un grave problema de orden público.

Unos 150 inmigrantes se concentraron ayer al grito de "¡papeles sí, cuarteles no!" frente al edificio de los juzgados donde se celebraba la vista. Otros 78 pudieron entrar en la sala de vistas.