La fiscalía impugna ante el Poder Judicial la Sala de la querella contra Atutxa

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reunirá el lunes por la mañana para estudiar un escrito de la Fiscalía General del Estado en el que se le pide que suspenda cautelarmente la reunión de la Sala de Discordia creada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los miembros de este órgano judicial deben decidir si admiten a trámite la querella presentada por la misma fiscalía contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), y los representantes de EA e IU en la Mesa de la Cámara, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, por no aplicar las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la disolución del Grupo Parlamentario de Batasuna (Sozialista Abertzaleak).

La formación de esta Sala de Discordia, integrada por el presidente del Superior vasco, Manuel María Zorrilla, y otros seis magistrados, vino obligada por el bloqueo que se produjo en la Sala de lo Civil y Penal, cuyos cuatro miembros no llegaron la semana pasada a una decisión mayoritaria sobre la admisión a trámite de la querella. La petición al Poder Judicial la basa la fiscalía en que la composición de la Sala de Discordia no se ha atenido al criterio establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la sala inicial debe completarse con los magistrados de menor antigüedad del Tribunal Superior. Zorrilla ha designado a dos de los más antiguos, los presidentes de las salas de lo Contencioso y de lo Social, Enrique Torres y Manuel Díaz de Rábago, y a la más moderna, María Abelleira.

Turno móvil

Ante la controversia suscitada por los tres elegidos para ampliar la Sala de lo Civil y Penal y romper el bloqueo, Zorrilla emitió ayer una nota en la que asegura que no han sido designados "arbitrariamente", sino siguiendo "rigurosamente un turno preestablecido", que va del magistrado más moderno al más antiguo. El presidente del Tribunal Superior explica que este turno móvil se agotaba ahora con los magistrados Díez de Rábago y Torres, por lo que, para designar al tercer miembro, la tanda se "ha reemprendido" con la magistrada de menor antigüedad.

Este episodio añade mayores dosis de confusión a la pugna político-judicial planteada sobre las consecuencias de la negativa de la mayoría del Parlamento vasco a aplicar las resoluciones del Tribunal Supremo que consideran disuelto el grupo de Batasuna. El empate producido en el Tribunal Superior a la hora de admitir a trámite la querella de la fiscalía contra Atutxa ha causado sorpresa en diversos ámbitos jurídicos.

Unos días antes, la sala se había mostrado favorable a tramitar la denuncia, mucho menos fundada, del grupo Manos Limpias. La fiscalía se reserva la posibilidad de presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior vasco y de recusar a Díaz de Rábago por supuesta contaminación, al haber respaldado públicamente la postura de Atutxa frente al Supremo.