Un mes de retraso

Hoy se cumple un mes de la espantada de los dos diputados socialistas Eduardo Tamayo y Maria Teresa Sáez de la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid, y no puede decirse que las instituciones hayan reaccionado con la diligencia y contundencia exigibles y proporcionadas al golpe sufrido. No sólo los ciudadanos siguen sin conocer el trasfondo de esa decisión, sino que, irresponsablemente, se está dando largas a la investigación, judicial o parlamentaria, o ambas a la vez, que exige esta situación, absolutamente insólita en la historia de la democracia española.

De una parte, la Asamblea de Madrid encuentra dificultades para constituir una comisión de investigación capaz de actuar con independencia y credibilidad, a pesar de que se integre en ella el diputado tránsfuga en representación del Grupo Mixto. De la otra, el fiscal general del Estado desgrana argumentos harto discutibles con el propósito de bloquear una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre las causas de la deserción y sus posibles conexiones con intereses urbanísticos. Causaría un descrédito irreversible a las instituciones que los madrileños sean llamados de nuevo a las urnas dentro de dos meses sin saber a qué atenerse sobre las razones últimas de la nueva convocatoria.

Cardenal alega que, mientras exista un procedimiento judicial abierto sobre el posible cohecho que el PSOE imputa a Tamayo y Sáez como móvil de su actuación, la Fiscalía Anticorrupción debe abstenerse de iniciar una investigación paralela. Efectivamente, el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan al cese de la investigación por parte del fiscal "tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos". Pero es muy discutible que la querella del PSOE, inadmitida a trámite y en fase de recurso de súplica, sea ese procedimiento judicial abierto al que hacen referencia los textos legales.

El propio tribunal que ha rechazado la querella del PSOE no ve ningún obstáculo legal a que Anticorrupción realice una "investigacion propia", a resultas de la cual pueda abrirse más delante un proceso penal. Cada día aparecen nuevos datos que no hacen sino reforzar la apariencia de delito que se proyecta sobre el bloqueo institucional y la alteración del mandato de las urnas causados por los tránsfugas Tamayo y Sáez. Pero Cardenal, que considera todo el conflicto un asunto político, no tan sólo busca cualquier subterfugio para evitar que la Fiscalía Anticorrupción tome cartas en el asunto, sino que se ha permitido declarar obsoleta la existencia de esta propia fiscalía. El fiscal general ve política por todas partes, pero él es el primero en arrogarse un papel político que no le corresponde.